Un informe de la Agencia Valenciana Antifraude revela que un asesor del alcalde Joan Ribó dió recomendaciones y órdenes directas a la jefa de Movilidad Sostenible para cambiar ciertos aspectos de los pliegos del concurso de la redacción del proyecto de remodelación de la plaza de la Reina. En particular, los relacionados con los criterios de valoración de las ofertas que optarían a este contrato municipal. La investigación de estas presuntas irregularidades se inició a partir de una denuncia presentada por el grupo municipal del PP en 2017. La Agencia Antifraude concluye que «se observa injerencia en las funciones que corresponden al personal funcionario», por parte del arquitecto Alejandro Pons, asesor de urbanismo del gabinete de Alcaldía durante el pasado mandato municipal. La noticia trascendió ayer aunque el dictamen es de febrero de 2019.
El informe de Antifraude -al que ha tenido acceso Levante-EMV- relata que la jefa de Servicio de Movilidad Sostenible, recibió diversas «recomendaciones verbales» del asesor del alcalde.
La funcionaria las aceptó como reconoce ella misma en otro informe fechado el 11 de mayo de 2018 y remitido a la Agencia contra el Fraude. Por ejemplo, la funcionaria dice que «efectivamente se han realizado modificaciones» por «instrucciones verbales del asesor de alcaldía» al Pliego de Prescripciones Técnicas el 23 de agosto de 2016 y en el documento «Consideraciones a incluir en el pliego de cláusulas administrativas para la contratación de la redacción del proyecto de reordenación de la plaza de la Reina» el pasado 30 de agosto de 2016.
Según el escrito de Antifraude, por consejo de este urbanista se habrían retirado de los pliegos técnicos los planos de planta de superficie y sótanos para el aparcamiento de la Plaza de la Reina.
También según la Agencia Valenciana, se habrían modificado e introducido nuevos nuevos criterios de puntuación para valorar las ofertas que optaran al concurso.
En esa línea, la portavoz del PP María José Catalá concretó que la participación del asesor de Ribó «consistió en la eliminación de determinados planos que formaban parte del proyecto ganador del concurso de ideas de 1999 organizado por el Colegio de Arquitectos y modificando e introduciendo nuevos criterios de puntuación, en aspectos como el 'Análisis y valoración de los principios compositivos del Proyecto ganador del concurso organizado por el COACV en 1999'».
En su dictamen, Antifraude observa que el asesor del alcalde estaría «suplantando las funciones en relación a la confección de estos documentos que corresponde a determinados funcionarios de la Corporación». La supuesta suplantación de funciones reside en que: «La función de preparación de los pliegos que ha de regir la contratación son funciones técnicas, propias y permanentes en la administración, no pertenecientes a los cometidos específicos del personal eventual».
Además la Agencia Valenciana especifica que la jefa del departamento de Movilidad -cuyo concejal es Giuseppe Grezzi- no emitió «informe de disconformidad» con respecto a las intervenciones de Alejandro Pons y que asumió e incorporó «las modificaciones que el asesor del Gabinete de Alcaldía le comunica». Según la propia jefa de servicio, Pons le «traslada de manera verbal las indicaciones y modificaciones a incluir en los pliegos de contratación».
Por último, puntualiza la institución dependiente de la Generalitat, que en el expediente «no ha quedado constancia» de que se hiciese «delegación expresa del órgano de contratación» en favor del asesor del alcalde «para retirar documentación adjunta al Pliego de Prescripciones Técnicas» y «para aportar modificaciones en las consideraciones a incluir en el Pliego de clausulas administrativas en cuanto a los criterios de valoración de las ofertas».
