El alcalde de València, Joan Ribó, se ha comprometido a revisar las multas a tres voluntarios del Cabanyal por repartir comida en los primeros días de la pandemia a más de 80 personas, en una actividad altruista que no contaba con el preceptivo permiso de la Delegación del Gobierno. «No. No tiene ningún sentido multar a quien reparte solidaridad. Parece que la sanción tuvo lugar durante los primeros días del confinamiento, cuando las indicaciones de las autoridades sanitarias estaban definiéndose. Se revisarán los hechos y se actuará conforme a la ley y a la lógica humanitaria» dijo ayer en un tuit en el que comentaba la noticia publicada por Levante-EMV.

Por su parte, el concejal de policía local Aarón Cano, en declaraciones a este diario, recordó que el 17 de marzo, día en que se produjo el reparto de 84 raciones de comida a los vecinos más vulnerables del Cabanyal «todos estábamos en estado de alarma y por muy filantrópica que fuera la actividad, esta era ilegal ya que no tenía el preceptivo permiso legal de la Delegación del Gobierno».

¿Quién tenía que dar el permiso? La Delegación del Gobierno que era la competente y todavía no se ha manifestado al respecto pero que será la que teóricamente ejecute las sanciones: 600 euros para cada una de las dos voluntarias y 2.000 para Javier Márquez, el cocinero y dueño de La Luisina Tasca, en la que se elaboraron las raciones.

Tal como ayer publicó este diario Javier Márquez, propietario y cocinero de La Lusitana Tasca, junto con la asociación Brúfol, Espai Veïnal Cabanyal y el centro de Salud del Marítim Serrería organizaron el pasado 17 marzo un reparto totalmente altruista de comida para las familias más necesitadas del barrio. Según relataba el propio Márquez a este periódico esta iniciativa se llevó a efecto con mascarillas, guantes y respetando las medidas de seguridad, según su relato. Sin embargo, ese día, hacia las 16,30 horas se personaron unos agentes de la policía en el local y los denunciaron. Al cocinero y a dos voluntarias que estaban entregando las provisiones a quienes acudían al establecimiento. Tras pasar unos meses, los tres afectados han recibido las notificaciones de dos sanciones de 600 euros para cada una de las mujeres y 2.000 para el propio Márquez.

Las multas a las dos voluntarias contravienen la Ley de Seguridad Ciudadana, por lo que corresponde a la Delegación del Gobierno tramitarlas y aplicar la sanción. En ambos casos, según explicaba Aarón Cano podrían haber incumplido las normas del estado de alarma dado que ninguna de las dos denunciadas podía estar en la calle sin una justificación adecuada. En cuanto al cocinero, la multa que se le ha impuesto está relacionada con la apertura del establecimiento durante este período de excepción que se decretó el 14 de marzo. En ese caso, la competencia para sancionar o quitar la multa sí podría ser del Ayuntamiento de València, y en concreto de la delegación de Comercio, que lleva Carlos Galiana.

Ayer, el concejal de policía subrayó que este cuerpo policial se encarga de hacer cumplir la ley y propone la propuesta de sanción, que la institución competente se encargará de hacer definitiva o de descartar.

En todo caso, « los tres denunciados tienen su derecho a presentar alegaciones y si tienen los permisos adecuados y acreditan que la actividad que estaban realizando es legal, y la pueden justificar, entonces, supongo que se les quitará la multa», añadió Aarón Cano. Con todo, la intervención del alcalde choca con la posición del responsable de policía y hasta le quita argumentos.

Por su parte, el principal afectado, el hostelero Javier Márquez, reiteró a este diario que los agentes actuaron «con abuso de autoridad y así lo sostienen diversos testigos». Márquez relató que ha recibido decenas de llamadas de teléfono para mostrarle su apoyo y ofrecerle colaboración económica para pagar la sanción si finalmente prospera.