Al menos una docena de colectivos de vecinos y hosteleros del Cabanyal denunciaron ayer un episodio de presunto abuso de autoridad policial y pidieron al Ayuntamiento de València que rectifique ya. En una nota de prensa difundida por uno de los afectados, explican que la Policía Local «ha multado con un total de 4.200 euros al establecimiento "La Lusitana Tasca" y a dos vecinas voluntarias por repartir comida de manera solidaria a más de 80 personas en situación de vulnerabilidad en el barrio del Cabanyal durante el confinamiento».

Diversas entidades del Cabanyal se organizaron, desde mediados de marzo a mediados de abril, «bajo la imperiosa necesidad de abastecer de alimentación y productos básicos a las familias más vulnerables del barrio en el estado de alarma». Una iniciativa desarrollada por «una amplia red de vecinas y vecinos voluntario, y de Javier Márquez Ruiz, propietario de La Lusitana Tasca, con el respaldo y acompañamiento de la asociación Brúfol, Espai Veïnal Cabanyal y del centro de Salud de Marítim Serrería I para el reparto». Estas actividades se desarrollaron,«teniendo siempre en cuenta las medidas de higiene, seguridad y distanciamiento social y amparados por el artículo 6 (e) del Real Decreto 463/2020 del B.O.E. del 14 de marzo, que pese a la Limitación de libertad de circulación de las personas, ampara la "Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables".

Más concretamente, los hechos que han acabado con estas 3 personas sancionadas por repartir 84 raciones de comida, ocurrieron el pasado 17 de marzo a las 16,30 horas. Tal como relata el escrito suscrito por el propio Javier Márquez, «terminando el servicio de reparto, al cual acudían dos familias (un representante de cada una) en intervalos de 10 minutos a buscar su comida, miembros de la policía local se personaron en el establecimiento, que se encontraba cerrado al público, utilizándose exclusivamente como lugar de recogida y reparto solidario de dichos alimentos».

Según, este testimonio: «Uno de los agentes en tono amenazante verbalizó "haré lo posible porque te cierren el negocio", confirman testigos y "Déjate de hacer la buena samaritana" a una de las vecinas voluntarias, interponiendo una multa tanto al propietario como a las dos voluntarias que en ese momento se encontraban en el lugar».

A las dos mujeres voluntarias no se les notificó dicha sanción, solo se les tomaron los datos «alegando que si volvían a "delinquir" se procedería a la denuncia», explican las mismas fuentes.

«Citando la denuncia y los hechos observados», continúa el escrito: «El agente 22453 se dirige al

establecimiento al observar cola de personas en la puerta recogiendo comida, que es repartida por dos personas en el interior del local al exterior. Que la persiana se encuentra subida y las luces encendidas y en el interior hay varias personas trabajando....Que abandonan el lugar 3 clientes. Que entrevistados con el responsable indica que se encuentra en funcionamiento pero sin ánimo de lucro ya que colaboran con la asociación Brufol en el reparto de comida a personas desfavorecidas», continúa el relato de esta docena de asociaciones.

Los agentes informaron al titular -y cocinero- de la tasca que la actividad de reparto debía cesar, «pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio». Entonces, Javier Márquez aceptó el requerimiento y cesó en la distribuición de la comida.

Sin embargo, al cabo de unos días recibió «el procedimiento sancionador del Ayuntamiento de València en el que cita como una infracción grave» lo ocurrido ya que la actividad estaba prohibida por el estado de alarma.

«Tanto desde el establecimiento, como desde la red de voluntarios, asociaciones, colectivos y vecinos del barrio del Cabanyal, nos negamos a pagar estas multas, que ascienden a 4.200 euros», dijeron ayer los promotores del reparto altruista de comida.

De manera colectiva «denunciamos los hechos ocurridos, porque no se tiene en cuenta el carácter solidario y no lucrativo de la actividad, porque no se relatan de forma objetiva los hechos...., porque nos acogemos al Real Decreto 463/2020 del BOE del 14 de Marzo, bajo la imperante necesidad de acción en solidaridad con las familias más vulnerables de nuestro barrio».

Amén de las tres personas denunciadas, firman la petición al consistorio: Asociación Brúfol, Espai Veïnal Cabanyal, Centro de Salud Serrería I, Cuidem el Cabanyal-Canyamelar, Asamblea Feminista Valencia (Poblats Marítims-Algirós), Orriols Convive, L'horta del Cabanyal, Coordinadora de Hostelería de los Barrios de Valencia, Asociación de Hosteleros del Cabanyal "Baritims" y Banco Obrero Estatal.

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