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Informe

Antifraude concluye que no hubo ningún "fraude" en los pliegos del proyecto de la plaza de la Reina

La Agencia descarta las irregularidades denunciadas por el PP y da carpetazo a la investigación sobre la redacción del plan de peatonalización

Imagen de la plaza de la Reina tomada hace pocos días.

Imagen de la plaza de la Reina tomada hace pocos días. f. bustamante

El gobierno municipal de València presidido por Joan Ribó no incurrió «ni en fraude ni en corrupción» en el expediente de licitación para la redacción del proyecto de peatonalización de la plaza de la Reina. El informe definitivo de la Agencia Valenciana Antifraude, al que ha tenido acceso Levante-EMV, es contundente. En sus conclusiones afirma: «Tras la revisión de la documentación aportada por el Excelentísimo Ayuntamiento que obra en el expediente, esta Agencia concluye que no constan acreditados hechos que puedan constituir fraude o corrupción».

Este dictamen, fechado el 12 de junio de 2019, es noticia ahora porque el pasado fin de semana trascendió otro informe previo a este, provisional, en el que Antifraude apreciaba «injerencias» del exasesor de alcaldía Alejandro Pons en el procedimiento de elaboración de los pliegos técnicos y administrativos para la redacción del proyecto de esta emblemática plaza.

Tras terminar su investigación, Antifraude descarta de plano las presuntas irregularidades denunciadas por el grupo municipal del PP en marzo de 2017 y que motivaron la apertura de las pesquisas.

El organismo autonómico de transparencia realiza una recapitulación de todos los filtros y estamentos administrativos que en su momento revisaron el expediente para la peatonalización, sin que ninguno de ellos encontrara ni un atisbo de irregularidad: «Desde el propio Servicio de Mobilitat Sostenible hasta la Asesoría Jurídica Municipal, la Intervención General Municipal o el Servicio de Contractació por lo que, como reza la alegación que presentó el Ayuntamiento de la que se hace eco Antifraude: "resulta evidente que superaron todos los controles jurídicos previstos por la normativa vigente».

Además, la institución dirigida por Joan Llinares, ha aceptado y asumido las alegaciones planteadas el pasado 19 de abril de 2019 por el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, cuyo departamento lidera la reordenación y transformación de la plaza de la Reina. En dichas alegaciones,explica que del expediente de licitación para la redacción del proyecto de peatonalización de la plaza de la Reina: «Se eliminaron los planos de superficie y sótanos previstos para el aparcamiento porque al incluirlos en el expediente "podrían llevar a confusión y ser considerados como vinculantes para las personas o empresas licitadoras, limitando con ello las ideas o posibles soluciones técnicas aportadas por estas».

En segundo lugar, «se añadió como criterio de valoración el análisis y valoración de los principios compositivos del proyecto ganador del concurso organizado por el Colegio de Arquitectos, porque era una obviedad que si en su momento se hizo un concurso público para esta actuación, debía servir como punto de arranque para licitar la redacción del proyecto». Sobre la actuación del exasesor de Joan Ribó, Alejandro Pons, en el anterior mandato, Antifraude ha cambido su criterio y acepta también los argumentos del consistorio. En este sentido, concluye que «no es cierto el hecho denunciado , pues el asesor en materia de urbanismo del Gabinete de Alcaldía en ningún momento dio "instrucciones" a la Jefa de Servicio de Mobilitat, ni actuó 'suplantando las funciones' que corresponden a determinados funcionarios de la Corporación, sino que se limitó a sugerir al Servicio competente la introducción de determinadas modificaciones en los Pliegos por razones de índole técnica y con la exclusiva finalidad de mejorar el contenido de los Pliegos"».

La Agencia Antifraude puntualiza también «la diferenciación» entre «el asesoramiento general que realizan los asesores como cargos de confianza, de los informes o dictámenes, jurídicos o técnicos, propios del funcionariado». Por último, se reafirma en que la tramitación de este expediente se hizo sin mostrar «informe de disconformidad» la jefa de servicio competente, la máxima responsable técnica de Movilidad Sostenible.

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