Los vecinos de Russafa, después de años enfrentándose a la negativa municipal de declarar el barrio como Zona Acústicamente Saturada (ZAS), han recibido otra buena noticia en su larga batalla legal. Si a principios de julio el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ordenó al Ayuntamiento de València que disponga de las mediciones pertinentes para iniciar el expediente de declaración de zona ZAS, una reciente resolución del Síndic de Greuges refuerza este planteamiento, al instar al Govern del Rialto a iniciar el procedimiento y garantizar el descanso de los vecinos.
Evidentemente la sentencia judicial tiene un valor mucho mayor para Russafa Descansa (que es la entidad que ha encabezado esta petición) que la resolución del Síndic de Greuges del pasado 3 de agosto, por cuanto obliga al cumplimiento de lo ordenado al Ayuntamiento de València. Pero la resolución del defensor del pueblo valenciano viene a reforzar las tesis de los vecinos, reiterando que las medidas adoptadas en los últimos años por el consistorio han sido ineficaces.
En su resolución, el Síndic hace hasta cinco recomendaciones al Ayuntamiento de València, es decir, le insta a actuar en cinco direcciones. La primera es que le pide al gobierno de Joan. Ribó que inicie e impulse el correspondiente procedimiento para declarar la referida zona de Russafa como acústicamente saturada. La segunda es que ponga en funcionamiento «lo antes posible» los paneles para controlar los decibelios, una vez el consistorio había alegado a través del servicio de Calidad Acústica que estaba ya en fase de pruebas con ellos.
El Síndic también recomienda al Ayuntamiento de València «incrementar el control y la vigilancia policial» sobre las terrazas para evitar las molestias acústicas, así como que garantice que no se colocan más mesas y sillas que las autorizadas o en lugares que impiden o dificultan el tránsito de los peatones. Además indica que se evite «conceder nuevas autorizaciones o una ampliación de las otorgadas en zonas donde exista saturación acústica».
También insta el defensor del pueblo valenciano al consistorio a adoptar las medidas que sean necesarias «para reducir al máximo posible el consumo de alcohol en la calle ("botellón") y la alteración del orden público».
Por último, reclama que se aumenten los esfuerzos para cumplir de forma efectiva las recomendaciones dirigidas al Ayuntamiento de València en si Informe Especial presentado a Les Corts Valencianes sobre la contaminación acústica en la Comunitat Valenciana, el pasado mes de febrero de 2019.
La última resolución del Síndic se produce tras la queja reiterada de una ciudadana, que asegura que ya se han presentado 16 reclamaciones al defensor del pueblo valenciano por esta cuestión sin que el Ayuntamiento de València haya sido capaz de resolver el problema de contaminación acústica que sufre el barrio como consecuencia de la actividad hostelera y de ocio irresponsable.
En concreto la denunciante explica que se han concedido nuevas licencias de apertura a pubs y discotecas pese a la limitación municipal existente para esta zona, aunque el consistorio alegó que no era exactamente el mismo ámbito. También se denuncia que se incumple sistemáticamente el espacio máximo reservado en la vía pública para mesas y sillas, y recuerda que los medidores de ruido colocados en las calles siguen sin funcionar, a pesar de que se colocaron en mayo de 2019.
En el escrito dirigido al Síndic, la queja sostiene que tampoco se cumple la vigilancia policial efectiva. «Por todo esto, los vecinos de Russafa continuamos desde antes de 2014 sin poder dormir por las noches, siendo inefectivas las medidas aludidas por el ayuntamiento a la vez que se ha llegado a una situación de impunidad absoluta para los causantes de este ruido al no haber ningún tipo de vigilancia ni penalización», denuncia el escrito dirigido al defensor del pueblo.
El Síndic, una vez estudiadas las alegaciones del Ayuntamiento de València, ha concluido que efectivamente las medidas del consistorio no están consiguiendo atajar el problema, por lo que le insta a iniciar el expediente ZAS largamente reclamado por los vecinos. Representantes de la hostelería del barrio ya han explicado en diversas ocasiones que la declaración de ZAS (como en la plaza Xúquer, El Carme, Woody o Juan Llorens) sería la muerte para el sector en este barrio que en los últimos 15 años ha vivido un «boom» de bares, restaurantes, pubs y alguna discoteca.
