El decreto del Ministerio de Hacienda que regula el uso de los remanentes de tesorería de los ayuntamientos acabó ayer por dividir y enfrentar a las dos formaciones progresistas que componen el gobierno municipal de València. Por la mañana, el alcalde Joan Ribó, de Compromís, reclamó «un nuevo decreto urgente» que no atente «contra la autonomía municipal», y se alineó con los alcaldes de hasta 30 ciudades de toda España, en contra del ejecutivo de Pedro Sánchez.
Y a media mañana, la vicealcaldesa socialista Sandra Gómez salió en tromba para defender al Gobierno central y culpar a Génova -sede del Partido Popular- y a su líder Pablo Casado de haber creado un frente municipalista anti-PSOE, usando el referido decreto como ariete.
Joan Ribó se reunió por la mañana por videoconferencia con los alcaldes y alcaldesas de Madrid, Barcelona, Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Cádiz, Córdoba, Granada, Lleida, Málaga, Marbella, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrasa, Teruel, Torrelavega, y Zaragoza.
Todos estos representantes municipales firmaron un documento en contra del decreto presentado por el Ministerio de Hacienda. Además, reclamaron, en palabras de Ribó, «un nuevo decreto urgente respecto a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos». Por ende, el munícipe valenciano exigió que el Gobierno de España «plantee las ayudas a los municipios, como han tenido las comunidades autónomas, para hacer frente a todos los gastos que afrontamos los ayuntamientos por efecto de la pandemia: el primero de todos, el transporte público, pero también la limpieza, los servicios sociales, la enseñanza?».
Las ciudades citadas rechazan el acuerdo alcanzado semanas atrás entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Hacienda -que se plasmó en el decreto firmado por la ministra Mª Jesús Montero- por «injusto», dado que «vulnera el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos, vulnera la autonomía financiera de las entidades locales, y establece una inadmisible exclusión de los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado».
De hecho, el documento de las 30 ciudades señala que la nueva negociación «debe basarse en los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la FEMP el pasado 2 de abril para reclamar al Gobierno de España que arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos que permitan hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus, con especial atención al fondo incondicionado de 5.000 millones y al de 1.000 millones destinado al transporte público».
El alcalde defiende también la necesidad de «tratar de manera diferenciada las aportaciones del Estado a las entidades locales, de los 5.000 millones de los que se ha hablado por el posible préstamo de los remanentes».
De hecho, el Pleno del Ayuntamiento de València aprobó semanas atrás dedicar dichos remanentes municipales al pago de deuda pública, por lo que Ribó ha señalado que es «imprescindible que se separen ambos asuntos: de la misma manera que las comunidades autónomas han recibido unas cantidades importantes de recursos para atender a la problemática por el coronavirus, los ayuntamientos también tenemos que disponer de recursos para afrontar los gastos de la epidemia, lo que significa que es imprescindible desvincular los fondos que aporta el Estado». Por su parte, la vicealcaldesa y secretaria general del PSPV-PSOE en València, Sandra Gómez, replicó que «como la otra mitad del gobierno en la ciudad de València, no compartimos ni el espíritu ni el fondo de la reunión». Para Gómez, este encuentro de alcaldes es «una maniobra del PP». «Es obvio que es una reunión totalmente dirigida por Génova, por la dirección nacional del PP y que no va en favor de los ayuntamientos, sino que les perjudica con el único interés de ir contra el Gobierno y del PSOE», subrayó.
La vicealcaldesa recordó que «la ley Montoro viene del ministro Montoro, ministro y gobierno del PP». «Fueron ellos quienes defendieron que los Ayuntamientos dedicaran todos sus ahorros a pagar primero a los bancos», explicó.
«El presupuesto del año que viene -indicó Sandra Gómez- tiene que ir dedicado precisamente a ayudar a aquellas personas, comercios, autónomos, pequeñas y medianas empresas que lo están pasando realmente mal». «No entendemos que los remanentes se tengan que ir dedicados a pagar a los bancos», añadió.
Para la vicealcaldesa los remanentes tienen que dedicarse «a hacer unos presupuestos de la reconstrucción y no del recorte», ya que tal como recordó «si el Ayuntamiento de València no se acoge al decreto del gobierno, tendrá que hacer un recorte de 11millones de euros y la única perjudicada de esto va a ser la ciudadanía».
La lideresa socialista avisó «a quienes han participado», en esta reunión, «que le hacen un poco el juego al PP» y, en segundo lugar, recordó que los partidos progresistas «siempre hemos defendido que primero las personas y luego los bancos, y en esa línea vamos a estar en el PSOE».
