Una portavoz de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) confirmó ayer a Levante-EMV que esta institución ha iniciado los trámites para presentar una denuncia contra la ocupación de las cinco viviendas del Cabanyal, por parte de cinco familias.

Esta ocupación se realizó el pasado 1 de septiembre si bien Espai Veïnal Cabanyal informó de la acción este fin de semana, que defienden que no se trata de una situación de violación de domicilio particular puesto que el inmueble, propiedad de Sareb, «está completamente vacío y abandonado desde hace años», según informó este colectivo en este diario.

Sareb ha iniciado los trámites para tramitar la denuncia y cuando lo ordene el juez se identificará si existe vulnerabilidad en las familias que han ocupado las viviendas, con los informes correspondientes del departamento de servicios sociales.

En caso de que exista una situación de vulnerabilidad, como se hace de forma habitual, se buscará una solución dentro del programa social de Sareb o de los programas de alquiler social, o bien se propondrá una solución alternativa; en caso contrario, se procederá al desalojo, autorizado por la justicia. Espai Veïnal Cabanyal anunció el pasado 5 de septiembre que había «liberado» un bloque de Sareb con cinco viviendas para familias del barrio ubicado en la calle de la Reina de València, donde el día 1 entraron a vivir cinco familias, y «por tanto, estas casas ya constituyen su vivienda».

El colectivo, en una nota reproducida por la Agencia Efe, señala que cada semana se suman nuevas familias a su asamblea «con graves problemas de acceso a la vivienda, familias de clase obrera y vecinas del barrio que sobreviven con trabajos precarios y han visto cómo los precios de los alquileres y las condiciones para acceder son imposibles de asumir». Son familias con menores y dependientes a su cargo «que han sido desahuciadas de sus casas», indica esta organización vecinal.

Según Espai Veïnal Cabanyal, «este drama tiene responsables: son todos los bancos, fondos de inversión y grandes tenedores que especulan con la vivienda, haciendo negocio y generando plusvalía del sufrimiento de muchas personas».«Okupamos, liberamos y socializamos 5 viviendas de un mismo bloque propiedad de la Sareb, donde entran a vivir 5 familias que no tenían otra opción que okupar una casa si no quieren dormir en la calle», añaden estos activistas que exigen a Sareb y a las administraciones públicas que el edificio sea adquirido por estas y se proceda a la regularización de las familias.

En esta cuestión tiene también que opinar la vicepresidencia segunda, de la que depende la Conselleria de Vivienda. Su directora general, Adoración Guamán, quería primero discernir que «las consecuencias judiciales no son competencia nuestras», y que lo sucedido, en todo caso, es «el reflejo de lo que está pasando y la necesidad de que haya viviendas, viviendas dignas y al alcance de las personas. No es normal que sucedan actos así y hay que analizar cómo hemos podido llegar a esto».

Desde la Generalitat aseguran que hacen lo que pueden «y eso incluye la adquisición de inmuebles, incluso mediante la compra directa a fondos de inversión», pero que a la vez hay una segunda línea que es la Ley de Protección Social de la Vivienda. «Que hay muchas viviendas vacías es una realidad. Y lo que la sociedad no puede permitirse es que los grandes tenedores de las mismas no las saquen al mercado y estén jugando con ellas a especular».

Por todo ello, lo sucedido en el Cabanyal es «la expresión de una realidad», que, reconocían, no pueden apoyar por las posibles consecuencias jurídicas que puedan tener, «pero que pone sobre la mesa el gran problema social que tenemos», apuntando además que «suerte hemos tenido de que los desahucios se han paralizado con la pandemia».

Por último, la concejala de vivienda Isabel Lozano declaró que «el Ayuntamiento de València no puede avalar la ocupación ilegal» de una propiedad privada. Más allá del hecho de que hay unas familias que necesitan un hogar, la regidora apuntó que en caso de que estos pisos de la Sareb estén en venta, el consistorio podría optar a su compra. «Aunque las familias que actualmente han entrado a ocuparlas no tendrían un derecho preferente sobre ellas en el futuro», aclaró Lozano.