El Partido Popular propuso ayer la creación de una oficina especial para abordar el problema de las ocupaciones ilegales de viviendas, un problema que según dijo su portavoz, María José Català, ha crecido un 29% en València en el primer semestre del año. Català hizo esta propuesta acompañada del senador popular Fernando de Rosa, quien lidera una ofensiva del PP en Madrid para que el Gobierno facilite los desalojos en 48 horas cuando se trate de la primera vivienda o de segundas residencias, y que las multas actuales se conviertan en penas privativas de libertad entre 1 y 3 años y la negación del empadronamiento en los respectivos municipios. Català cree que en el terreno municipal, una oficina para las ocupaciones ilegales ayudaría a los afectados a conocer mejor la situación y saber cómo actuar en cada caso, además de abordar los problemas de convivencia que este tipo de situaciones está provocando. Tanto Català como Fernando de Rosa añadieron a su propuesta, eso sí, la necesidad de que en paralelo con estas actuaciones haya siempre una intervención de los servicios sociales para facilitar vivienda a las personas que realmente las necesitan. En respuesta a María José Català, el concejal de Protección Ciudadana en València, Aarón Cano, ha considerado «populista» la propuesta de crear la Oficina Antiokupas. El edil ha indicado que con este tipo de propuestas, los populares parecen «más una franquicia de una empresa de seguridad que el principal partido de la oposición» en la capital valenciana. Aarón Cano censuró, además, que el PP hiciera una rueda de prensa «sin datos» y «con el único objetivo de crear alarma social sobre una cuestión que no es un problema real».
