El PP de la ciudad de València, con su portavoz M.ª José Catalá a la cabeza, ha fracasado esta mañana en su intento de escenificar una supuesta división del gobierno municipal formado por Compromís y PSOE a cuenta de las partidas millonarias previstas en el denominado decreto de los Remanentes. El PP había solicitado por vía urgente, a primeros de septiembre, que se celebrase un pleno extraordinario aprovechando que el alcalde Joan Ribó (Compromís) y la vicealcaldesa Sandra Gómez (PSOE) habían escenificado públicamente notables diferencias sobre el referido decreto ley impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez que fue tumbado el pasado 10 de septiembre en el Congreso con el voto contrario de Compromís así como del PP y de otras formaciones políticas.

Esta mañana, en cambio, no hubo desacuerdo ni enfrentamiento entre Compromís y PSOE. Al contrario antes de iniciarse la sesión plenaria, el Govern del Rialto presentó su propia alternativa a la presentada por la oposición. Y por sorpresa, Ciudadanos dejó al PP, no apoyó la que había suscrito con los populares, y se sumó a la moción de Compromís y PSOE. Esta segunda moción, que se convirtió en institucional al suscribirla la mayoría absoluta del hemiciclo, exige que se abra una nueva negociación entre los municipios y el Gobierno central para redactar y aprobar un nuevo decreto en el que el Estado debe arbitrar un sistema de ayudas para todos los ayuntamientos que les permita hacer frente a las graves dificultades económicas que sufren las arcas municipales, por el aumento de gastos derivados de la crisis sanitaria y económica del coronavirus con especial atención al fondo aportado por el Estado de 5.000 millones y al de 1.000 más que incluyen al transporte público.

Además de estas cuestiones económicas, el Ayuntamiento de València -con los apoyos de los grupos Compromís, PSOE y Ciudadanos- reclama un nuevo decreto urgente que contemple la eliminación de la regla del gasto, y del concepto de déficit y estabilidad presupuestaria, y la ampliación del plazo de las inversiones financieramente sostenibles al menos para 2020 y 2021. Eliminar la regla del gasto y el concepto de déficit y estabilidad como explicó en el pleno el propio alcalde Joan Ribó, son dos de las reglas que más condicionan la autonomía financiera de los ayuntamientos hoy en día y que figuran en la denominada Ley Montoro desde 2012, que está lastrando desde entonces la autonomía financiera del Ayuntamiento de València y del resto de ciudades españolas.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos Fernando Giner pidió a Ribó que siga siendo reivindicativo en Madrid con las inversiones y recursos que necesita la tercera ciudad de España. Además, reclamó al Estado medidas que garanticen la estabilidad presupuestaria de las arcas municipales en este período tan complicado. María José Catalá (PP) quiso ahondar en un supuesto cambio de postura del alcalde respecto a lo que dice la moción aprobada y lo que afirma otro comunicado firmado ayer por Ribó y otras 29 ciudades más. En ese punto, la vicealcaldesa Sandra Gómez (PSOE) y el propio alcalde respondieron a los populares que "son socios de gobierno municipal" y que pueden "tener opiniones diferentes" sobre ciertos temas pero también de "llegar a acuerdos por el bien de la ciudad". La aprobada esta mañana dijeron es "una moción de gobierno".

Sin que terminase la sesión plenaria extraordinaria, la lideresa popular, M.ª José Catalá abandonó el hemiciclo del Ayuntamiento de València para marcharse a les Corts donde se desarrolla el Debate General de la Comunitat Valenciana y ella iba a asistir como diputada. Por tanto, no pudo quedarse al pleno que ella mismo había promovido.

A primeros de septiembre, el PP registró esta moción que dio lugar al pleno extraordinario que hoy se ha celebrado en el Ayuntamiento de València. Esa iniciativa fue apoyada por Ciudadanos y pretendía que la corporación del cap i casal se sumase al manifiesto suscrito por el alcalde Joan Ribó (Compromís) junto a 30 ciudades españolas, a primeros de mes, en contra del proyecto del decreto de Remanentes impulsado por la ministra de Hacienda María Jesús Montero y la FEMP, por entender que aquel instrumento financiero atentaba contra la autonomía municipal, entre otros aspectos porque obligaba a los municipios a entregar sus ahorros al Ministerio y este los devolvería en sucesivos ejercicios.

En términos políticos, la solicitud del PP buscaba tratar de evidenciar la división del gobierno municipal formado por Compromís y PSOE en esta cuestión ya que Ribó y Compromís han sido muy críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez, e incluso lo votaron en contra en el Congreso. Los populares han creado un gran frente anti-Sánchez para el que han movilizado a sus alcaldes de grandes ciudades con el apoyo de Génova.

En esa línea, la vicealcaldesa Sandra Gómez ha defendido desde el principio las ventajas de un decreto que repitió hoy "iba a aportar 113 millones para el Ayuntamiento de València y que esta ciudad ha perdido porque el líder del PP Pablo Casado quiso hacerse una foto en Madrid con sus alcaldes populares".

El PP, en un comunicado emitido hace pocas horas, ha explicado que ha llevado "al pleno el acuerdo firmado ayer mismo el alcalde de Valencia junto a 27 ciudades de España, entre ellas Madrid y Barcelona, para disponer libremente de los remanentes y los ahorros de los Ayuntamientos sin condicionamientos". Catalá acusó a Ribó de "plegarse a los intereses del PSOE y no defender los ahorros de los valencianos para invertirlos en medidas que ayuden a los valencianos a salir de la crisis provocada por el COVID 19 y la falta de medidas municipales".

Catalá lamenta "el espectáculo que han montado en los últimas días los miembros del gobierno del Rialto en relación con la autonomía de los Ayuntamientos para usar sus ahorros en los temas que más necesidades tiene cada municipio". "Se han llamado cobardes, poco progresistas, mentirosos, palmeros, cutres... Se han llamado necesitados de protagonismo y de conseguir "minutos de gloria", desleales€ Es decir se han llamado de todo, menos guapos.", ha resaltado.