El PP de la ciudad de València, con su portavoz Mª José Català a la cabeza, fracasó ayer en su intento de visibilizar en el pleno del Ayuntamiento de València la división existente en el seno del gobierno municipal formado por Compromís y PSOE a cuenta de cómo se tienen que gestionar los fondos millonarios previstos en el fallido decreto de los Remanentes.
El PP había solicitado por vía urgente, a primeros de septiembre, que se celebrase este pleno extraordinario aprovechando que el alcalde Joan Ribó (Compromís) y la vicealcaldesa Sandra Gómez (PSOE) habían escenificado públicamente notables diferencias sobre el referido decreto ley impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Sin embargo desde entonces hasta ahora han cambiado bastantes cosas, como dijo el alcalde Joan Ribó. Tantas como que el propio Real Decreto fue tumbado el pasado 10 de septiembre en el Congreso con el voto contrario de Compromís así como del PP y de otras formaciones políticas. De hecho, el líder del PP nacional Pablo Casado lo celebró como una gran victoria frente a Sánchez.
Ayer, en cambio, no hubo desacuerdo ni enfrentamiento entre Compromís y PSOE. Por tanto no hubo crisis de gobierno sobre este asunto. Al contrario, antes de iniciarse la sesión plenaria el Govern del Rialto presentó su propia alternativa a la presentada por la oposición.
El texto aprobado en el hemiciclo, según fuentes de Compromís y del PSOE consultadas por separado, «tiene contenidos literales» del comunicado firmado por el alcalde el martes, y también del Real Decreto propuesto por la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Por eso, el texto pudo «contentar» a ambos socios de gobierno.
Y por sorpresa, Ciudadanos dejó al PP, no apoyó la que había suscrito con los populares, y se sumó a la moción de Compromís y PSOE. Esta segunda moción, que se convirtió en institucional al suscribirla la mayoría absoluta del hemiciclo, exige que se abra una «nueva negociación» entre los municipios y el Gobierno central para redactar y aprobar «un nuevo decreto» en el que el Estado debe arbitrar un sistema de ayudas para todos los ayuntamientos que les permita acceder al fondo aportado por el Estado de 5.000 millones -en función del criterio poblacional- y al de 1.000 millones más que incluyen al transporte público.
El alcalde señaló que el acuerdo firmado por él mismo y la vicealcaldesa socialista «es una moción de gobierno» que busca «el máximo consenso». Su objetivo, remarcó, «no es meterle el dedo -en el ojo- a nadie sino buscar una solución que sea asumible por la ministra», en alusión a la titular de Hacienda, «eso le interesa a usted señora Català, y a su partido el PP, a nosotros no», resaltó. Por ende, «la moción que ustedes presentan -dijo a los populares- está superada por la realidad y por los hechos», añadió.
La vicealcaldesa Sandra Gómez (PSOE) y el propio alcalde respondieron al PP que «son socios del gobierno municipal» y que pueden «tener opiniones diferentes» sobre ciertos temas pero también «llegar a acuerdos por el bien de la ciudad». Gómez defendió otra vez las ventajas de un fallido decreto, que repitió, «iba a aportar 113 millones a València y que la ciudad ha perdido porque Casado quiso hacerse una foto con sus alcaldes».
María José Català (PP), por su parte, quiso ahondar en un supuesto cambio de postura del alcalde respecto a lo que dice la moción aprobada y lo que afirma el comunicado firmado por él mismo y otras 28 ciudades más de España este martes. Català recriminó a Ribó haberse «plegado a los intereses del PSOE y no defender los ahorros de los valencianos». Luego recordó que los partidos que componen el gobierno del Rialto, en los últimos días, «se han llamado de todo, cobardes, mentirosos, palmeros, poco progresistas... de todo, menos guapos», recalcó.
A su vez, el portavoz de Ciudadanos Fernando Giner pidió a Ribó que siga siendo «reivindicativo» en Madrid con las inversiones y recursos que necesita la tercera ciudad de España. Sobre la declaración aprobada concluyó: «Se ajusta más a lo que todos deseamos» aunque le faltan algunos aspectos como que «se comprometa una cantidad de fondos europeos para los ayuntamientos». Por último, Pepe Gosálbez, de Vox, consideró que la FEMP «no es el foro más adecuado para decidir donde deben gastarse los remanentes de los ayuntamientos».
El nuevo acuerdo exige un nuevo decreto con 1.000 millones para transporte
¿Qué dice exactamente la declaración institucional aprobada por el pleno del Ayuntamiento de València con los votos favorables de Compromís, PSOE y Ciudadanos, y la abstención de PP y Vox? Entre otras cosas, se reclama un diálogo «urgente» entre el Ministerio de Hacienda y las entidades locales para alcanzar un «consenso» en la elaboración de un nuevo decreto «urgente» del uso de remanentes municipales y recuperar las aportaciones del Estado.
La nueva negociación con el Ministerio de Hacienda tiene que basarse «en los acuerdos aprobados por unanimidad en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el pasado 2 de abril». El objetivo final es reclamar al Gobierno que arbitre un sistema de ayudas «imprescindibles» para que los ayuntamientos hagan «frente a las dificultades económicas derivadas de la crisis sanitaria del coronavirus, con especial atención a los fondos aportados por el Estado de 5.000 millones y al de 1.000 millones que incluyen al transporte público».
Así mismo, el nuevo decreto tiene que «eliminar la regla de gasto, el concepto de déficit y estabilidad y la ampliación del plazo de las inversiones financieramente sostenible, al menos para 2020 y 2021». Estos son los elementos más lesivos de la denominada Ley Montoro de 2012 que lastran la autonomía financiera de los ayuntamientos y que les impide gastar sus ahorros en lo que quieren. La moción aprobada señala también por último que los ayuntamientos «necesitan de forma imperiosa y urgente ayudas estatales y europeas» para seguir prestando ayudas contra la covid a sus ciudadanos.
