La comisión de investigación de la EMT condena a otra directiva y exonera a Grezzi

Este documento redactado por la concejala socialista Elisa Valía, presidenta de esta comisión, fue entregado ayer al resto de consejeros de Compromís, PP, Ciudadanos y Vox para su estudio.

Este informe será debatido mañana miércoles, a partir de las 15 horas, en una nueva sesión de la comisión de investigación. Cada grupo municipal del Ayuntamiento de València presentará sus propias aportaciones a este dictamen y se votarán, para finalmente, en una próxima y última sesión, dar por cerrada esta investigación interna sobre las responsabilidades técnico-políticas indirectas, en el robo de 4 millones que sufrió esta empresa municipal del 3 al 23 de septiembre del año pasado.

El aspecto más relevante del informe escrito por Elisa Valía reside en que María Rayón -la máxima responsable del área de gestión, administración y recursos humanos- tiene que ser cesada «por su falta de diligencia constatada porque si bien sus decisiones no facilitaron el fraude, tampoco impidieron que se prolongase más de 20 días».

Sin embargo, Valía exonera de cualquier responsabilidad al presidente de la EMT Giuseppe Grezzi- el también concejal de Movilidad Sostenible de Compromís como ya publicó Levante-EMV- y al ya exgerente de la empresa Josep Enric García Alemany. Ninguno de los dos aparece en las conclusiones y no se piden responsabilidades de ningún tipo para ellos.

En el caso de García Alemany, el hecho de que fuera destituido la semana pasada, por acuerdo de Compromís y PSPV, tras varios días de tensas negociaciones entre los socios del gobierno municipal, explica que finalmente la socialista Elisa Valía, haya «olvidado» incluirlo en este dictamen. Tampoco aparece Grezzi ni se analiza si como gestor principal de la EMT tuvo una responsabilidad indirecta en la falta de controles internos de la mercantil, que pudieron favorecer el robo.

La también vicepresidenta de la EMT sostiene que el objeto de esta comisión «se circunscribe a determinar qué circunstancias de organización y funcionamiento de la empresa fueron clave para que el fraude pudiese cometerse». Y, sobre todo, enfatiza «qué circunstancias concurrieron para que ningún mecanismo evitase que el fraude se prolongase durante 20 días, hasta que la entidad bancaria, dio el aviso de la irregularidad que representaban esos movimientos bancarios sin que ninguna persona de la empresa se percatase».

Además, como avanzó la propia Valía en una entrevista en este diario, tampoco se entran a valorar las posibles responsabilidades de la exdirectora de administración, Celia Zafra, y Caixabank, desde la que se emitieron las transferencias, pues están siendo objeto de investigación «en un procedimiento judicial», y las posibles responsabilidades de ambas, es «en ese ámbito» donde «pudieran señalarse». En cuanto a otras recomendaciones, el informe final de la Comisión de Investigación aconseja elaborar un protocolo «para la delegación formal de funciones en caso de que una persona empleada se encuentre en situación de baja, permiso o descanso», -como ocurrió con María Rayón los días del timo- ; y se exige que todas las transacciones que conlleven un pago «se realicen a través de la banca en línea y nunca con firma en papel». Asimismo, se insta a elaborar «una relación de puestos de trabajo para la empresa con urgencia» y un Corporate Compliance Program o Programa de Cumplimiento validado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de València «como garantía de que la empresa tiene los suficientes mecanismos de seguridad». Esta última, fue una de las aportaciones del malogrado consejero socialista Ramón Vilar a esta comisión.

Por último, en declaraciones a la prensa, Elisa Valía declaró que en la Comisión de Investigación se ha analizado «qué es lo que ha fallado y quiénes son las personas que tenían responsabilidad», sobre todo en relación con los pagos y, a su juicio, el gerente no la tenía pero «en cualquier caso, ha asumido su responsabilidad» al ser cesado por Grezzi. Luego concluyó que las conclusiones «están concebidas para generar el acuerdo de todos los miembros de la comisión», aunque incidió en que se podrán hacer votos particulares.

"Ha habido un blanqueamiento del gerente"

También ayer la EMT celebró su Consejo de Administración en el que se aprobaron una serie de contratos importantes. Todos ellos fueron refrendados por los 3 consejeros de Compromís y los 2 del PSPV. El más valioso, el de la compra de 900 marquesinas, fue rechazado por la oposición -PP, Vox y Cs-. Sus representantes elevan a 12,5 millones esta operación. En esa línea, el popular Carlos Mundina señaló que «no es adecuado realizar esta compra millonaria, en un momento en que la EMT anuncia pérdidas de 15,5 millones y hemos pedido un crédito de 27». Por su parte, el consejero Narciso Estellés, de Ciudadanos, alertó de que el contrato «no aclara» si las futuras paradas serán propiedad de verdad de la EMT. «Hay dudas y no se justifica la prisa en comprarlas», dijo. Sobre el ya exgerente Josep Enric García Alemany, los tres partidos consideran que su gestión «negligente» justifica que «los valencianos no le paguemos» ni un euro más, más allá de su finiquito, señalaba Mundina (PP). Ha habido, decía Estellés (Cs) «un blanqueamiento» de su figura para convertir en un despido por desestimiento su relevo forzado, lo que saldrá más caro a las arcas municipales. «Al menos 30.000 euros», calculaba el edil de Cs. Por último, el consejero de Vox, Vicente Montañez, calificó de «incongruente» que no se le haya despedido «con preaviso». Con todo, el cese del alto cargo se aprobó por unanimidad. Compromís y PSPV nombraron a Toni Martínez su sustituto provisional.