El concejal de Movilidad Sostenible y presidente de EMT València, Giuseppe Grezzi, se mostró ayer «razonablemente satisfecho» con el borrador de conclusiones de la comisión de investigación sobre el fraude en la empresa pública. No en vano, descarta «responsabilidades políticas» tanto de él como del gerente, por la referida estafa de 4 millones. Grezzi comentó a la prensa que «las responsabilidades políticas se tienen que asumir si existen».
«Ha quedado claro que no había ninguna responsabilidad del gerente ni del presidente (él mismo)» en el engaño, reflexionó. También celebró que la comisión reúne «recomendaciones interesantes para mejorar cuestiones dentro de la empresa que no tenían que ver con el fraude».
Pero lo importante, a su juicio, es lo que investiga el Juzgado de Instrucción 18 de València sobre el timo perpetrado desde Hong Kong. «Estamos impacientes por recibir estas conclusiones», aseveró, para recordar que hay una única trabajadora de la empresa investigada y que el juez tiene personada como posible responsable civil a la entidad bancaria.
Según su interpretación, este dictamen final recoge lo que Grezzi y su cúpula directiva han dicho «desde el primer momento». Eso sí, remarcó que la jefa de Gestión María Rayón será «cesada» no despedida, por tanto, será reasignada o colocada dentro de la propia empresa. «Dejará de tener esa función y será asignada a otro puesto». Eso sí, con este cese, esta trabajadora «pierde la condición de mando de la empresa», terminó.
Por parte de la oposición, la portavoz del PP, Mª José Català, calificó de «chapucero, breve y de escasa calidad» este escrito de conclusiones, que subrayó «culpa a dos trabajadoras del robo de cuatro millones y exime al gerente». Ahora bien, a su juicio, y al de Ciudadanos y Vox, «no se van a depurar responsabilidades políticas». Los populares, como Ciudadanos, exigieron una intervención «de urgencia» del Ayuntamiento en la EMT y, de nuevo, la destitución de Grezzi. Según Català, sorprende que PSOE y Compromís intenten «escaparse despidiendo a empleados» y pierdan la oportunidad de que el cese del gerente sea un despido procedente y no haya que «pagarle 20.000 euros». «Esto tiene un nombre: prevaricación», advirtió Català.
En cuanto a Ciudadanos, el consejero y concejal Narciso Estellés también reclamó que la empresa «sea intervenida» y rechaza que el gerente no figure en el informe, con lo que cree que «se intenta justificar una salida procedente cuando no es así», además de exigir que el nuevo se elija por concurso público como PP y Vox.
Otras de las reclamaciones que recoge Cs en su informe es que la comisión de la investigación sobre el fraude se someta al pleno del Ayuntamiento, para que el presidente de la EMT Giuseppe Grezzi no sea «juez y parte» y le sustituya otro concejal de Compromís, y que se incorporen todas las «ramificaciones» del caso. De hecho, Estellés -en declaraciones a Levante-EMV- dudó de «la legitimidad» de esta comisión celebrada en el seno de la EMT pero con un reglamento derivado del Ayuntamiento de València. «Joan Ribó -alcalde de València- ha estado apoyando a Grezzi, Grezzi al gerente y el gerente apoyando a la jefa de Gestión; todos formaban un círculo», censuró Estellés.
Por último, el consejero y concejal de Vox Vicente Montañez tildó la gestión en la EMT como «carente de procedimientos y en la que se mintió en sede judicial y en la propia comisión de investigación bajo el paraguas y el respaldo del señor Grezzi».
