El Ayuntamiento de València va a requerir a la Generalitat para que abra el expediente sancionador contra los organizadores del festival de las Paellas Universitarias, celebrado en abril de 2019, por una infracción muy grave, antes de que prescriba la sanción a los dos años.

Así lo han indicado a EFE fuentes municipales, que han recordado que el polémico festival se celebró entre la fecha en que se anunció el convenio entre la Generalitat y el Ayuntamiento para ceder al consistorio las competencias de este tipo de sanciones y la publicación del mismo en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV).

    

La celebración de las Paellas Universitarias en València cumplió el pasado día 12 de octubre dieciocho meses sin que el Ayuntamiento y la Generalitat hayan llegado a un acuerdo sobre la competencia para tramitar la sanción por incumplir la Ley de Espectáculos, que podría llegar a 600.000 euros.

Este expediente se incluye en el conjunto de tramitaciones pendientes de resolver, a raíz de la delegación de competencias de la Generalitat al Ayuntamiento de las sanciones graves y muy graves, que se publicó en el DOGV el pasado 13 de mayo, más de un mes después del festival.

Ambas partes han indicado en reiteradas ocasiones a EFE que hay ganas de llegar a un consenso pero se mantienen en sus posturas, a menos de seis meses de que pueda caducar la posible sanción a los organizadores de las Paellas Universitarias, según el Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos.

Según el Ayuntamiento de València, el expediente de las Paellas Universitarias, así como otros que la Generalitat inició antes de la publicación del convenio, deben ser competencia autonómica, aunque la Abogacía de la Generalitat mantiene que competen al consistorio los expedientes que aún no se han iniciado porque ya tiene delegada las competencias.

Para mantener su postura, el Ayuntamiento esgrime el informe de la Asesoría Jurídica municipal que fue solicitado por Alcaldía ante las discrepancias con la Generalitat y la intención del gobierno autonómico de remitirles los miles de expedientes no iniciados.

Por su parte, el informe jurídico de la Generalitat sostiene que es el consistorio el que tiene la competencia del régimen sancionador.

El festival universitario se celebró el 12 de abril de 2019, con la asistencia de 25.000 jóvenes aunque hasta el último momento mantuvo la incertidumbre sobre si abriría o no sus puertas, pues el consistorio le había denegado el permiso para su celebración.

Sin embargo, sus organizadores consideraron subsanadas las incidencias que les reclamaban desde el Ayuntamiento y finalmente se celebró.

El Ayuntamiento de València ya impuso a los organizadores del festival una sanción de 1.200 euros por incumplimiento de la Ordenanza de contaminación acústica, en el marco de sus competencias.

La Agencia EFE se ha puesto en contacto con la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) para que valore el requerimiento del Ayuntamiento y ofrezca su versión pero todavía no ha habido respuesta.