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Hasta 6 colectivos cívicos y vecinales intervinieron en el pleno para expresar sus reivindicaciones. El Consell de la Joventut solicitó que se tenga en cuenta a los jóvenes en la construcción de la ciudad. València en Movimiento se refirió a las necesidades de los colectivos que practican arte y cultura urbanas. Acció Ecologista-Agró reivindicó la bicicleta como medio de transporte. Por su parte, la Asociación de Vecinos de Peña-roja denunció «el abandono y el maltrato» que sufren por parte de las autoridades municipales. Su representante José Salvador Tárrega anunció medidas legales contra el consistorio por el conflicto urbanístico que mantiene con el «cap-i-casal», y en el que el Síndic de Greuges les ha dado la razón. Según Tárrega, Penya-roja tiene 12.414 habitantes, pero no dispone de biblioteca pública ni casal jove ni centro de mayores, mientras que el ambulatorio de Trafalgar «está saturado». Igualmente, denunció el mal estado de las naves de Cross y la alquería del Club de Tenis.

Rafael Torres, de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, relató la crisis que atraviesan los negocios tradicionales del centro, especialmente por la crisis de la covid-19. Torres alertó de «las dificultades para acceder al centro de la ciudad» mediante el transporte público o privado, que han agravado el hecho de que se hayan quitado 9 líneas de la EMT y que hayan puesto al 60% de los negocios «en riesgo de cierre».

En este sentido, Torres demandó una bajada de los precios de los aparcamientos, la reordenación de las líneas 70, 71, 11 y 32 de la EMT, y una campaña de bonos para incentivar el pequeño comercio con vistas a Navidad. Además recordó a los concejales del gobierno local «que sus sueldos se pagan con nuestros impuestos», así que les exigió que hagan caso a sus reivindicaciones.

El representante del Banco de Alimentos, Jaime Serra, denunció que en 2015 les quitaron el local municipal que tenían en la calle Santa Cruz de Tenerife y ha solicitado que se los incluya «en próximas inversiones». Desde 2002, han librado más de 100 toneladas de alimentos «en buenas condiciones» para familias con problemas. Sin embargo, el Govern del Rialto no sintoniza con ellos. Ayer, el alcalde Joan Ribó cortó de forma un tanto brusca a Tárrega, Torres y Serra cuando realizaban sus intervenciones.