Los presupuestos generales del Estado no incluyen algunas de las partidas que demandaba la ciudad y su alcalde, Joan Ribó, de Compromís, pero sí una de sus más recientes reivindicaciones: la torre miramar de la V21. Los presupuestos contemplan, en las partidas del Ministerio de Transportes, una inversión de 100.000 euros para el convenio con el Ayuntamiento de València para la «rehabilitación» de la torre miramar de la entrada norte de la ciudad, una infraestructura millonaria cerrada y sin uso, cuya cesión ha pedido el alcalde para aprovecharla como espacio público y para la práctica de deportes urbanos como el «parkour» o la escalada.
Ribó anunció a principios de mes que estaba negociando con el ministerio la cesión de la torre-miramar de la rotonda millonaria de la V-21. Once años después de su finalización, la rotonda ajardinada y su torre siguen sin ser recepcionadas por el ayuntamiento para encargarse de su conservación debido a las deficiencias y desperfectos que presenta esta infraestructura, que costó 24 millones de euros y con más de 7.000 metros cuadrados construidos.
Ribó anunció que estaba hablando con la Demarcación de Carreteras para buscar soluciones a la torre miramar. Conversaciones que estaban muy avanzadas, como así denota la inversión prevista por el Estado para ejecutar ese acuerdo.
La ratificación en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 de la condonación de la deuda del Consorcio Valencia 2007, generada por las obras de la Copa del América, fue calificada ayer de «buenísima noticia» por parte del director general del citado organismo, Vicent Llorens, quien aseguró que con este compromiso plasmado en los presupuestos generales, como se hizo en los fallidos de 2019, la Marina de València suelta lastre y el Consorcio encara una nueva etapa.
Es un acuerdo «de justicia para la ciudad y para la Marina de València», un espacio estratégico para dinamizar la fachada marítima centrado en la innovación, la gastronomía y la náutica que, sin embargo, no acaba de despegar por la deuda millonaria que arrastra desde 2005.
La condonación de la deuda, cercana a los 500 millones si se suma el crédito del ICO (390 millones) y sus derivados (60 millones más) una vez aprobados los presupuestos, «clarifica» el futuro de la Marina. Llorens explica que supondrá una inyección de liquidez para el Consorcio, que podrá disponer de los ingresos de las concesiones actualmente embargados, que representan un millón de euros anuales.
Los ingresos de las concesiones, unos 90.000 euros mensuales, fueron embargados por orden judicial para hacer frente a las deudas financieras (en concreto, al pago del citado crédito derivado de 60 millones de euros que el Santander vendió a un fondo americano).
La condonación sacará además al Consorcio de la lista de entidades morosas con la Administración y podrá optar a ayudas y subvenciones oficiales para impulsar proyectos pendientes como la mejora de la movilidad en el entorno de la marina.
El Gobierno, según recogen los presupuestos, asumirá el pago del crédito del ICO y abonará en anualidades la mitad del crédito vinculado de casi 60 millones. La Generalitat y el ayuntamiento de València deben incluir ahora en sus presupuestos las aportaciones para el pago del resto de la deuda.
Liberado también el Consorcio de las deudas que le reclama la Autoridad Portuaria por tasas y obras de reposición (unos 34 millones de euros) que también asume el Estado, queda por cerrar el frente de la Comisión Europea de la Competencia que sigue sin resolver la investigación que abrió hace más de dos años sobre las ayudas del Estado recibidas por la Marina.
Una vez aprobados los presupuestos y la condonación de la deuda será necesario «reformular los convenios de cesión del ayuntamiento y el puerto» y «buscar la mejor fórmula de gestión» de este espacio, apunta Llorens. En la disposición adicional de condonación de la deuda del Consorcio de los presupuestos, el Gobierno especifica que «ejercerá el derecho de separación del Consorcio Valencia 2007» y «entablará negociaciones» con la Generalitat y el ayuntamiento de València para garantizar la gestión. Llorens apela al respecto por una sociedad mercantil de capital público, similar a la EMT. Una nueva figura que permita gestionar este espacio «de manera más ágil y evitando retrasos».
Financiación y convenio a la vista para soterrar las vías
La vicealcaldesa y portavoz socialista del Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, insistió ayer en que habrá financiación para el canal de acceso, una obra prioritaria cuyo inicio está previsto el año próximo y cuyo proyecto presentará en breve en València el ministro de Transporte, José Luis Ábalos. La vicealcaldesa replicó así lo dicho el miércoles por el alcalde, Joan Ribó, de Compromís, en un primer balance de los presupuestos generales donde echó en falta la inversión en el soterramiento de las vías del Parc Central. De hecho, el propio alcalde aprovechó su intervención en el pleno de ayer para admitir, tras recibir las explicaciones oportunas, que las cuentas del Estado del año que viene tendrán un aporte para el canal de acceso a través de la empresa pública Adif. Concretamente, Sandra Gómez explicó que será vía transferencia de Adif a la Sociedad Parque Central una vez firmado el convenio interadministrativo para la financiación de esta obra, presupuestada en casi 400 millones de euros, de los que el Estado pagará el 50% y el resto al 25% Generalitat y ayuntamiento. Sandra Gómez insistió en que los presupuestos de Pedro Sánchez dan respuesta a «tres cuestiones de gran importancia, como son las ayudas al transporte metropolitano, la condonación de la deuda de la Marina y el soterramiento de las vías». Ribó subrayó que se han dado pasos «muy importantes», pero «quedan cosas» por encaminar y destacó que València «es la única gran ciudad que no tiene túnel ferroviario» y las previsiones de inversiones para el túnel pasante llega «con mucho retraso», puesto que las inversiones previstas en los presupuestos dejan ver que la obra no empezará hasta 2024.
