El alcalde de València, Joan Ribó, ha dirigido una carta a las principales entidades sindicales y empresariales de la ciudad para explicarles su polémica decisión de destinar los 32 millones del remanente del año pasado a pagar deuda bancaria teniendo la posibilidad, tras las últimas decisiones del Gobierno, de destinarlo a cubrir las necesidades generadas por la crisis sanitaria. En sus argumentos Ribó niega la mayor: «el congreso de los diputados no convalidó ninguna norma que se refiera al uso de los remanentes». Y la circular de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que confirmaba explícitamente ese extremo «no tiene ninguna capacidad normativa sobre este asunto», dice.

Esta explicación en forma de carta personal se produce después de que las principales entidades sindicales y empresariales de la ciudad hayan criticado duramente al alcalde por destinar 32 millones del superávit del año pasado a amortizar deuda cuando ya existe la posibilidad de destinarlo libremente a otras cuestiones como la pandemia y él mismo había criticado duramente al Gobierno de Pedro Sánchez por no liberar esos remanentes del año 2019.

También sus socios de Gobierno del Partido Socialista le han criticado esta decisión y toda la oposición le ha pedido que dé marcha atrás en su iniciativa.

Ribó, sin embargo, mantiene la medida y su argumentario, que es ceñirse a la ley escrita y no dar crédito a las palabras del Gobierno, concretamente de la ministra portavoz, María Jesús Montero, ni validez a las circulares de la FEMP que las ratifica.

Ribó explica que «la Ley Orgánica 2/2012 sobre el uso de remanentes no posibilita, en principio, ningún otro uso que no sea la amortización de deuda, como ha realizado el ayuntamiento». Únicamente ha habido, dice, dos reales decretos por los cuales se permitió destinar el 20% a usos sociales relacionados con la pandemia y del 7% para adquirir vehículos eléctricos.

«En contra de algunas informaciones que han circulado, el pasado martes el Congreso de los Diputados no convalidó ninguna norma que se refriera al uso de los remanentes. La única información que pretendía avalar ese libre uso proviene de la Federación Española de Municipios y Provincias, que, como es conocido, no tiene ninguna capacidad normativa sobre este asunto», explica.

Por contra, una de sus preocupaciones, según dice, es que «estamos a finales de octubre y debemos comenzar el diseño del presupuesto de 2021, precisamente para hacer frente a las derivadas sociales y económicas de la pandemia».

Opina, además, que esta decisión es buena para el Ayuntamiento de València, pues «además de liberarnos de pagar unos 50.000 euros de intereses a la entidad bancaria correspondiente, nos permite, y esto es lo esencial, disponer para el próximo presupuesto de los 8 millones de euros correspondientes a la amortización de los 32 millones y nos posibilita disponer de estos mismos recurso para los presupuestos de 2022 y 2023, años que nos tememos mucho más complicados que éste próximo. Y ello sin contar -añade- con que aumenta nuestra capacidad de inversión por endeudamiento en los próximos años».

Cuestión de confianza o política de choque con el Gobierno socialista

La postura de Joan Ribó, según él mismo reconoce en su carta a las entidades sindicales y empresariales, es una cuestión de desconfianza hacia el gobierno socialista o bien, y esto no lo reconoce, una política de confrontación con el Gobierno socialista, porque las medidas fueron claramente anunciadas y coinciden con lo que el propio Ribó reclamaba a Pedro Sánchez. La ministra Montero lo explicó tras el Consejo de Ministros de la semana pasada y la FEMP lo ratificó el pasado viernes.

A pesar de ello, Ribó asegura que el Gobierno «no ha dado respuesta» a la cuestión y sigue pidiendo una liberalización de remanentes ya anunciada doblemente por el Gobierno y el máximo órgano supramunicipal. 

«Hemos preferido optar por la seguridad de liberar dichos recursos en beneficio de los intereses de la ciudad de València antes que esperar en vano unas promesas que con demasiada reiteración se han incumplido», simplifica el alcalde.