«La buena gestión del Govern del Rialto» formado por Compromís y PSOE ha permitido al Ayuntamiento de València ahorrarse 8 millones de euros en intereses de demora en los últimos 5 años. Estos intereses había que pagarlos antes por el retraso en atender las obligaciones con los proveedores del consistorio y ahora ese dinero se puede destinar a inversiones o a gastos corrientes. Así lo avanzó ayer la vicealcaldesa socialista Sandra Gómez, en rueda de prensa conjunta con el vicealcalde Sergi Campillo. Gómez destacó que el gobierno de València «ha reducido desde el año 2015 los intereses de demora en un 90 por ciento» frente a la herencia recibida del último gobierno de Rita Barberá. Según informó Gómez, «el año 2020 vamos a pagar 900.000 euros» por este concepto, «mientras que en el último año de gobierno del Partido Popular se pagaron 9,2 millones de euros, es decir 10 veces más».
Para Sandra Gómez esta reducción, «es fruto de la buena gestión que se está realizando por parte del gobierno del Rialto» y «con el margen que hemos obtenido de más de 8 millones de euros, este Ayuntamiento puede dedicar ese dinero a mejorar sus servicios públicos o hacer obras e inversiones públicas».
Concretamente, se ha mejorado de manera notable en los últimos 5 años el período de pago a los proveedores, es decir a los autónomos y pequeñas empresas que venden productos o prestan servicios al consistorio, que en palabras de Gómez «antes veían lastrada su capacidad financiera por los impagos acumulados por parte del Ayuntamiento de Valencia».
Durante este año el período medio de pago se ha situado en tan solo 19 días de media, «una cifra muy ajustada si la comparamos con la media nacional que está en 81 días». Para la también concejala de Urbanismo Sostenible, «València está destacando por la buena gestión económica no solo respecto a los gobiernos del Partido Popular sino con respecto a la media estatal y a la de otros municipios y ciudades».
Desde el inicio del estado de alarma en marzo, en la concejalía de Hacienda «se tomó la decisión de pagar todos los días, para tratar de ayudar a todos nuestros proveedores y contratistas en la medida de lo posible». Por ende, con el bipartito, «el Pago Medio a Proveedores se ha reducido drásticamente, y esto ha tenido una repercusión directa en las cuentas municipales, dado que se reduce el coste de los intereses de demora que son aquellos que hay que pagar si se tarda más de 30 días en el pago al proveedor».
En octubre, el cap-i-casal ha pagado a los 25 días a sus proveedores y contratistas pero por ejemplo en junio lo hizo a 17 días y en julio a 18,25, lo que demuestra la buena evolución de la tesorería municipal. València es la segunda gran ciudad de España que menos tarda en pagar a sus proveedores.
La vicealcaldesa también puso en valor que la capital valenciana fue un ejemplo este jueves para el resto de ciudades españolas «al ser la primera gran ciudad que aprobó el presupuesto municipal». Además, lo hizo demostrando que «el diálogo, el acuerdo y el consenso son posibles cuando lo que nos une es trabajar por ayudar a nuestros vecinos y vecinas a hacer frente a la crisis sanitaria de la covid». Por ende, «seguimos siendo ejemplo de buena gestión porque velamos por los recursos públicos para que estén al servicio de la recuperación de nuestra ciudad. Muestra de ello es un mes más, el cálculo del período medio de pago», subrayó.
La reducción de los intereses de demora está vinculada a la reducción de la deuda. No hay que olvidar que en 2015, cuando Joan Ribó asumió la alcaldía, heredó más de 750 millones de deuda y se calcula que el consistorio acabará con 297 millones este año. Esto supone una disminución del 60% en solo un quinquenio.
El Ayuntamiento de València es hoy una «institución saneada» que podrá endeudarse en los próximos ejercicios para incrementar el gasto en bienestar social o políticas de empleo, tal como han afirmado los dirigentes de Compromís y PSOE.
El máximo histórico negativo lo marcó el año 2012, con un total de 964,1 millones de deuda y con el PP en el ejecutivo local. El jueves se aprobó un presupuesto de 914,8 millones, que es el mayor de su historia. Esa cifra global es menor a la deuda que llegó a generar la institución, entonces a los mandos de Rita Barberá y su equipo.
