Proteger de la huerta, cultivar las tierras que rodean la capital, evitar plagas, incendios o vertederos ilegales. Todos ellos son motivos de preocupación para la ciudad, cuyo gobierno municipal se ha marcado entre sus objetivos proteger el entorno natural de València y circunscribir la nueva construcción a lo que se denomina ciudad consolidada, es decir, el casco urbano. Para ello se ideó el Banco de Tierras, donde se pueden depositar parcelas que no se cultivan, y ahora se da una vuelta de tuerca anunciando sanciones para quienes tengan un campo de cultivo y no lo cuiden. Trescientos euros es la cantidad estipulada.

Concretamente, el Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Agricultura, Huerta y Alimentación Sostenible y el Consell Agrari Municipal, ya ha abierto expedientes sancionadores (no ha especificado la cantidad) contra las personas propietarias de parcelas de uso agrario que «no se encuentran en un estado correcto de limpieza y salubridad» y que desatiendan los requerimientos previos para proceder a su acondicionamiento.

El concejal de Agricultura, Alimentación Sostenible y Huerta, Alejandro Ramón, ha afirmado que el objetivo de esta iniciativa es concienciar a la ciudadanía de la necesidad de mantener las parcelas agrícolas en un estado y uso adecuados, tal y como establece la normativa vigente.

Así mismo, defiende el uso del Banco de Tierras Agrícolas como alternativa al abandono de los espacios agrarios. «El Banco de Tierras supone una herramienta perfecta para paliar el abandono de parcelas y los problemas que se derivan, como por ejemplo el incremento del riesgo de incendio, la proliferación de plagas y roedores así como de vertidos incontrolados, la erosión del suelo o la degradación paisajística», explicó el concejal.

El edil ha incidido en la importancia de la transmisión a generaciones futuras de los conocimientos de las prácticas agrícolas y ha insistido en la necesidad «de evitar la pérdida del bagaje y la tradición culturales que supone la interrupción» de esa transmisión intergeneracional. «Por eso es importante incentivar a las personas propietarias a ponerlas en cultivo por terceras personas, con la consecuente disminución de problemas ambientales y socioeconómicos generados por los abandonos», añadió.

Los importes de las sanciones a imponer, calificadas en principio como leves, pueden ascender hasta los 300 euros, que se reducirían en un 20 % si las personas propietarias infractoras reconocen su responsabilidad.

El plazo de resolución y notificación de las sanciones es de tres meses.