El juicio laboral sobre el despido fulminante a Celia Zafra quedó ayer visto para sentencia en el juzgado de lo social 1 de València. El pleito para determinar si el despido de la exjefa de administración fue procedente y si debe ser readmitida se convirtió en muchos momentos en una previa del juicio de lo penal que deberá delimitar próximamente si Zafra incurrió en un presunto delito penal por su colaboración no voluntaria durante el fraude que costó 4 millones a los valencianos.

La letrada de la EMT María Cuéllar incidió en que Zafra cometió «un incumplimiento grave y culpable» del deber de «custodia y confidencialidad» de una serie de documentos que tenía a su cargo. Además, «incurrió en revelación de secretos» al enviar «hasta 8 cartas de pago a un tercero», que a la postre posibilitaron la estafa. Cuéllar también trató de demostrar que la exdirectiva «ocultó» dos documentos a sus superiores, cuando fue cuestionada en el gabinete de crisis del 23 de septiembre de 2019 sobre los detalles de la estafa y tuvo que imprimir decenas de correos electrónicos. Esos dos documentos contienen las firmas del exgerente Josep Enric García y de la exjefa de finanzas María Rayón y fueron utilizados por el delincuente para hacer un burdo montaje y engañar a la exempleada. La EMT insiste en que ambos elementos los descubrió el jefe de sistemas informáticos Manuel Ángel López.

El abogado de Zafra, Antonio Martínez Esparza, basó su defensa en que su cliente «fue engañada» por el estafador, por tanto «no hay voluntariedad» porque su personalidad «estaba captada» por alguien que decía ser el propio «Giuseppe Grezzi, presidente de la EMT». Para Martínez Esparza, al no haber actuado de forma dolosa su cliente, no debió ser despedida y menos «sin abrirle un expediente disciplinario donde pudiera defenderse». Para el letrado, «había prisa por denunciar ante la policía y por despedir a Celia, había que expulsar las responsabilidades políticas de arriba -en alusión a Giuseppe Grezzi- y pagarlas con la persona de abajo», a Zafra. Por último, Martínez Esparza utilizó las conclusiones de la comisión de investigación sobre el fraude contra la EMT al pedir que se incluya como prueba que en la compañía no se impartía formación en materia de ciberseguridad, lo que hubiera permitido a Zafra detectar que la estaban engañando. La letrada de la EMT pidió que no se admita como prueba y negó este extremo.