Francisca pasó los primeros años de su infancia en una chabola, en una infravivienda a la que ahora teme volver con sus cuatro hijos pequeños de 1, 2, 6 y 10 años. Cuando falleció su padre, su madre abandonó el asentamiento tras resultar adjudicataria de una vivienda de alquiler social en la que ha vivido 20 años, quince por el contrato firmado y los cinco últimos años por la «humanidad» del Ayuntamiento de València, que le permitió quedarse al conocer que estaba enferma de cáncer. 

La mujer falleció el pasado mes de junio y con su muerte se extinguió su contrato de arrendamiento. El pasado 12 de noviembre, Francisca recibió una notificación en la que el Ayuntamiento de València le pide que «abandone la vivienda en el plazo de un mes». El plazo acabó hace dos días, pero Francisca ni ha entregado las llaves ni piensa hacerlo. «¿Adónde voy con cuatro criaturas pequeñas? ¿Regreso a la chabola de la que salí? ¿Me voy con mis hijos debajo de un puente? Ahora tengo techo y no lo pienso perder, por eso solicito un acuerdo con el ayuntamiento para pagar las deudas que tenía mi madre y que me subroguen el contrato. No pienso en mí, pienso en ellos», asegura mientras señala a su prole. 

Francisca explica que ha vivido en esa casa «toda la vida», que sus hijos nacieron allí , que van al colegio que está al lado de la casa de la abuela (donde ahora viven ellos) y que solo salió de forma puntual unos meses «para irnos a una casa de banco okupada en Moncada, de la que me desahuciaron un tiempo después». Sin embargo, ese domicilio de Moncada es el que consta en la solicitud de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) -que tiene aprobada desde 2018 y por la que recibe 900 euros al mes desde 2019- y uno de los motivos por los que la subrogación de la vivienda no es posible, según fuentes del ayuntamiento. «Desde los servicios sociales nos aseguran que esta familia llegó a la vivienda después de que la abuela falleciera. Así consta en la solicitud de RVI, y ella no informó del cambio de domicilio así que no hay constancia. Además, la abuela recibía una ayuda a domicilio que solo podría percibir si vivía sola», afirman. El otro motivo por el que los técnicos argumentan que esta familia debe irse a la calle es que «este piso pertenece a un programa de inserción y la familia no colabora ni con los cursos, ni con los planes ni con las intervenciones que se les han planteado».  

El ayuntamiento ha decidido que Francisca y sus cuatro hijos deben abandonar este piso social y no hay acuerdo posible. Ni en pandemia. Tras la negativa de la familia a dejar el piso, la concejalía de Servicios Sociales «pasarán el expediente a los servicios jurídicos del ayuntamiento para que decidan el procedimiento a seguir». Francisca no da crédito. «Me dan una ayuda para la entrada de un alquiler, pero los precios rondan los 600 euros al mes ¿Y el resto de meses? ¿Cómo lo hago? No me llega», afirma.  

«Solo nos faltaba un desalojo promovido por la propia concejalía»

Los técnicos de Servicios Sociales lo tienen claro y aseguran que hay «otras familias que sí cumplen los requisitos, que son colaboradoras, que están en infravivienda y que no reciben ningún ingreso. Francisca cobra la RVI y la documentación que consta en el servicio no avala su versión». Ahora bien, desde las entidades sociales que trabajan con personas vulnerables se llevan las manos a la cabeza. 

«Solo nos faltaba ya que también desahucie el propio ayuntamiento, como si fuera un banco o un fondo buitre. Hay muchas familias que necesitan la vivienda, eso está claro y sabemos que la lista de espera es tremenda, pero no ganamos nada tirando a una mujer con cuatro hijos pequeños a la calle. Y en pandemia, no nos olvidemos, y patrocinado por la concejalía». 

El porqué del «agujero» 

La arrendataria del contrato (Carmen, la abuela) adeuda 22 mensualidades (1.253 euros) y otros 1.462 euros a la comunidad. Francisca explica, negro sobre blanco, cómo se produjo ese «agujero». «Mi madre iba pagando, aunque con dificultad porque durante muchos años mi familia y yo hemos vivido de su pensión de poco más de 300 euros. Pero en 2014 fallece mi hermano en Huelva y no teníamos seguro, así que para traer el cadáver y poder enterrarlo aquí nos tuvimos que endeudar con 6.000 euros», explica la mujer. 

Desde las entidades sociales piden al consistorio que «reflexione» y no sea él «quien promocione el desahucio a una familia vulnerable con críos pequeños. No importa lo mal o bien que lo hayan hecho hasta ahora. Importa que hay cuatro menores y una pandemia».