Agentes de la Policía Nacional desalojaron ayer el Centro Social Okupado Anarquista L’Horta, una alquería del siglo XIX situada en el barrio de Benimaclet. Durante la intervención, calificada de «ilegal» por los usuarios, se produjeron momentos de tensión e incluso cargas policiales de las que salieron varios contusionados.
Este centro social okupado no es un casal al uso. En su interior no vive nadie habitualmente. Desde hace ocho años «se ocupa de promover y recuperar la huerta de Benimaclet», dicen sus promotores, ya que está en la zona de huertos urbanos situada entre las paredes del barrio y la Ronda Norte, en el ámbito del PAI de Benimaclet.
Antes de las ocho de la mañana, la Policía Nacional se personó en la alquería para proceder al desalojo, o más bien a dar protección a los operarios encargados de cerrar el edificio con puertas blindadas. La noticia, sin embargo, corrió como la pólvora por el barrio y en pocos minutos se concentraron en el lugar de los hechos varias decenas de personas que a mediodía se convirtieron en medio millar aproximadamente.
Los concentrados trataron de impedir el «tapiado» de las puertas y en ese intento se produjeron algunas cargas policiales que acabaron con varias personas contusionadas, al parecer ninguna de gravedad. Ningún detenido.
Esa presión, no obstante, hizo que «nada más acabar la faena, la policía abandonara la zona», momento que un grupo de jóvenes aprovechó para romper una puerta lateral de la alquería y volver a su interior, colocando de nuevo en la fachada la pancarta que los identifica.
Y es que los promotores de este centro social están convencidos de que el desalojo ha sido «ilegal». Según ha explicado su abogado, «la orden judicial, instada por la Sareb, afecta a una parcela de huerta de 100 metros cuadrados, nada que ver con la alquería del siglo XIX y los 10.000 metros cuadrados que la circundan». «La orden era del uno por ciento de todo el centro social, una tomatera y una lechuga, en vez de una alquería con su huerta y todo lo demás», explicó el letrado.
Por su parte, fuentes de la Jefatura de Policía explicaron que la intervención se había realizado en cumplimiento de una orden judicial del Juzgado de Instrucción número 13 de València.
En estas circunstancias, los afectados se han movilizado a nivel institucional y han informado a la policía, el ayuntamiento, las administraciones públicas y a todos los vecinos de València, dicen, pues «este centro social es de todos los vecinos de la ciudad». Así mismo, se reservan las acciones judiciales que consideren oportunas contra la Sareb. Es más, en previsión de que puedan ser denunciados por la policía algunos de los participantes en los disturbios, les han pedido que todos aquellos que hayan resultado heridos vayan al hospital y recojan un parte médico de las lesiones.
El letrado cargó contra el denominado Banco Malo, que «ha salvado a los bancos de sus tóxicos acumulados». Y, por contra, defendió la labor del centro social, que habría «recuperado tierras que las antiguas urbanizadoras del PAI menospreciaron y destruyeron»
Recordó, así mismo, que este centro social «no es un centro social de cuatro, ni un laboratorio de drogas, ni nada parecido», en alusión al trabajo de defensa de la huerta que realizan.
Ribó, Compromís, Podemos y EUPV dan su apoyo al colectivo
El desalojo de la alquería fue criticado por organizaciones de izquierdas que elogiaron, por contra, el papel de sus usuarios. El círculo de Benimaclet de Podemos denunció que los agentes «han cargado de manera brutal e injustificada» contra los vecinos que se han concentrado «de manera pacífica», mientras que Compromís ha felicitado al vecindario que se concentró «en defensa» del Casal de l’Horta y anunció que reclamarán «responsabilidades y pediremos explicaciones» por lo sucedido. También desde EUPV se han felicitado por que «los vecinos y vecinas ya han conseguido recuperar de nuevo el espacio». Una vez los agentes policiales han abandonado el lugar, las personas que se habían concentrado en protesta por el desalojo han vuelto a acceder al CSOA «sin ningún problema», aplaudió la asociación Acampada València. Por último, el alcalde de la ciudad, Joan Ribó (Compromís), preguntado por este desalojo, dijo que esto «no es un centro okupado, sino que es un centro social que se viene utilizando desde hace muchos años» y señaló que ha reclamado toda la información para ver lo que está pasando. El alcalde dijo que le gustaría que tuvieran en cuenta, «en cualquier caso, que este centro ha sido un centro que ha tenido un carácter social muy importante de cara al barrio». «Yo quiero romper una lanza con dos ideas: no es una okupación en el sentido clásico de la palabra, la gente no duerme allí, no vive allí, sino que es un centro que tiene un carácter fundamentalmente social», reiteró el alcalde.
