El último pleno de 2020 del Ayuntamiento de València dio ayer luz verde a los presupuestos municipales de 2021 con 915 millones de euros de gasto y sin tener en consideración ninguna de las 390 alegaciones presentadas por los grupos de la oposición (PP y Ciudadanos) y entidades como Hosbec, la CEV y las empresas de servicios turísticos, relacionadas con la bajada o congelación tributaria. Las alegaciones, entre las que se encontraban también las del Consell Valencià de la Joventut, que pedía entre otras cosas un nuevo albergue juvenil público en la ciudad, fueron rechazadas, según el informe del servicio de Hacienda, por no ceñirse a los supuestos previstos en la ley de Entidades Locales, que solo admite como alegaciones las propuestas relacionadas con una insuficiencia manifiesta de los ingresos en relación a los gastos.
El gobierno del Rialto (Compromís y PSPV) aprobó los que serán los presupuestos municipales de la pandemia con la abstención de Ciudadanos y la oposición del PP y Vox. El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, afeó al PP que se desmarcase así de los acuerdos de la comisión de reconstrucción, aprobados por unanimidad de todos los grupos excepto Vox.
El alcalde de València, Joan Ribó, calificó de «expansivos» los presupuestos, que registran un incremento de unos 17 millones de euros respecto a las del ejercicio actual y que incluyen 18 millones para financiar medidas par atender la situación de emergencia de la pandemia del coronavirus. Las cuentas incluyen 5,43 millones para combatir la crisis sanitaria, 5,38 para contener la crisis social y 7,34 para luchar contra la crisis económica. El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, volvió a defender su abstención en la votación de los presupuestos de 2021 recordado que ha presentado, entre alegaciones (319) y reclamaciones, unas 330 propuestas con la intención de llegar a acuerdos. Giner aludió a los acuerdos alcanzados en la negociación del presupuesto con el gobierno del Rialto como los 15 millones de euros para ayudas directas para autónomos y pymes. Unos acuerdos, recordó en su turno la portavoz del PP, María José Català, que no se ven reflejados en los presupuestos aprobados ayer.
Català justificó su voto en contra porque el equipo de gobierno «no ha bajado el recibo del agua, no ha realizado una línea de ayudas específicas para hosteleros, se niega a comprar máscaras para la población más vulnerable, no ofrece ayudas para proteger a la ciudadanía, pero sí se suben los sueldos».
Al Tribunal de Cuentas
El informe de Intervención General de 2109, donde se incluyen las auditorías contables al Palau de la Música, la Fundación València Activa y la EMT, dio pie al cruce de reproches de la oposición y el gobierno municipal por las irregularidades señaladas por los auditores pero también por los robos (tanto el de 4 millones de la EMT como el de 5.000 euros del Palau).
El PP, que calificó la gestión de Compromís y PSPV de «desgobierno absoluto», anunció que llevará las auditorías, «cinco de las cuales han sido desfavorables y cuatro denegados» a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas. El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, replicó que dicho servicio de auditoría lo impulsó el actual gobierno «para mejorar la transparencia y evitar más casos de corrupción, de los cuales ha sido testigo pero no protagonista, y para conseguir un sector público más eficiente».
