El atasco de las licencias urbanísticas en el Ayuntamiento de València dio pie ayer al cruce de acusaciones entre la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, y la portavoz del PP, María José Català, que denunció que el gobierno de Joan Ribó (una coalición de Compromís y PSPV) sigue bloqueado en materia de licencias urbanísticas con 6.343 licencias atascadas en el mes de diciembre, la cifra más alta de 2020, según el PP.
En sólo tres meses el atasco ha seguido creciendo, pasando de las 5.749 pendientes en septiembre a las 6.343 pendientes en diciembre. Las licencias urbanísticas sin resolver en septiembre eran 5.749, en octubre siguió aumentando hasta 5.756, en noviembre 6.050 y en diciembre 6.343. Ésta es la evolución según los datos facilitados por Urbanismo a preguntas por el PP. «Sigue al alza el atasco en la ciudad y sin buscar alternativas por parte del gobierno de Joan Ribó», destacó Català.
Sandra Gómez, sin embargo, acusó al PP de «tergiversar los datos para su propio interés, engañando a los ciudadanos».
Gómez subrayó que las declaraciones responsables no son expedientes de licencia en trámite, ya que una declaración responsable no requiere licencia, pudiendo comenzar las obras al presentarla.
Según explicó la vicealcaldesa, estos expedientes «se cierran al finalizar la obra y presentar el promotor el certificado final de obra». «El PP sabe esto, y aún así incluye estos expedientes en la suma para hablar de un atasco que no es real», recalcó.
El número real de expedientes de licencia en trámite «es de 3266, o lo que es lo mismo, un 32,17% de las 10.150 que tenía el PP en 2014», detalló la vicealcaldesa, quien añadió que el número total de expedientes crece porque las declaraciones responsables pasan de 2.061 en octubre a 3.084 en diciembre».
«Esto, lejos de ser algo negativo, es una muestra de la buena gestión», dijo Gómez.
