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El ayuntamiento tendrá prioridad para comprar viviendas a los bancos

El ayuntamiento y la conselleria de Vivienda firman un convenio para la cesión del derecho de tanteo y retracto frente a los fondos buitre

Vistas de València desde la torre del Micalet. | F. BUSTAMANTE

València se sumó ayer a otras poblaciones valencianas, como Alboraia o Elda, que ya han firmado el convenio para la cesión del derecho de tanteo o retracto preferente con la Conselleria de Vivienda. De este modo el ayuntamiento podrá comprar viviendas en el mercado con prioridad frente a bancos o fondos buitre. El convenio para la cesión al consistorio de los derechos de tanteo y retracto fue aprobado ayer en la Comisión Municipal de Desarrollo y Renovación Urbana, al término de la cual la concejala de Vivienda, Isabel Lozano, destacó que «hoy damos un primer paso muy importante para adquirir una herramienta esencial para poder ampliar el parque de vivienda social de la ciudad».

El tanteo es un instrumento por el cual la administración pública podrá comprar viviendas al precio que se iban a vender de un banco a un fondo de inversión o fondo buitre. Para ejercer el derecho de tanteo por parte de la administración la ley establece una serie de requisitos. Así, se podrá ejercer en los supuestos de viviendas de protección pública y en las viviendas de renta libre que hayan sido objeto de algún tipo de embargo o que están en un área de necesidad habitacional. En estos supuestos la Generalitat puede ejercer el derecho de tanteo (antes de cerrarse la compra) o retracto (después de la misma echando atrás la operación) para comprar a los bancos por el mismo dinero que se ofertaba el inmueble, que pasará así al parque público de vivienda de alquiler.

El decreto ley 6/2020 aprobado por la Generalitat el pasado verano permite ceder este derecho de tanteo a los ayuntamientos.

La concejala de Vivienda explicó que el tanteo se ejercerá cuando la Generalitat empiece a notificar viviendas en venta susceptibles de incorporarse al parque público y siempre a expensas de la capacidad presupuestaria. En todo caso, Lozano apuntó que «con esta herramienta a nuestro alcance tenemos ahora un mecanismo más para poder avanzar en garantizar a toda la ciudadanía el derecho a una vivienda digna en la ciudad de València».

Una vez aprobado por la comisión, el convenio se aprobará en el pleno del próximo jueves; y a partir de ese momento, el ayuntamiento podrá ejercer este derecho. La moción se ha aprobado en la comisión con los votos a favor de Compromís y PSPV-PSOE, y la abstención de PP, Ciudadanos y Vox. El PP recurrió en septiembre pasado el decreto de tanteo del Consell ante el tribunal constitucional por entender que va en contra de la propiedad privada.

Lozano defendió ayer la propuesta y dijo que «abre la puerta a incrementar la vivienda pública frente a los fondos buitre, debería tener el apoyo explícito y firme de todos los partidos, pero lamentablemente parece que estas formaciones políticas ponen los intereses privados por delante de un derecho fundamental como es el de tener una vivienda digna y adecuada». «Hay muchísima población que no puede acceder a una vivienda de ninguna manera». «Con esta iniciativa, desde el gobierno municipal, queremos evitar que los inmuebles propiedad de entidades financieras se vendan a fondos buitre, por lo que paramos los pies a la especulación y al incremento de los precios en la vivienda de la ciudad. Desde el gobierno de Joan Ribó tenemos muy claro que es fundamental incrementar el parque de vivienda pública», concluyó Lozano.

En 2020, la Conselleria de Vivienda compró 250 viviendas mediante tanteo. Entre las últimas se encuentran cinco casas en Novelda por 65.000 euros, que son de una promoción de lujo, y en Algemesí, donde se compraron casas a 1.000 euros de 98 metros cuadrados con trastero y garaje».

El Ayuntamiento de València ha aprobado otras medidas para ampliar el reducido parque de vivienda pública destinada a alquiler y otras políticas sociales, como la compra por concurrencia de viviendas. El año pasado dispuso un millón de euros para este fin, con un tope de precio por metro cuadrado que se fijó en 1.322 euros, lo que supone que no se podían superar los 100.000 euros para una vivienda de 75 metros cuadrados. Dado que apenas se han recibido ofertas, el importe se destinará este año a la compra directa.

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