Los representantes de Compromís y PSPV en el Consejo de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València decidieron ayer, en una sesión extraordinaria, recurrir la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 que acordó la semana pasada la readmisión de la exjefa de administración Celia Zafra, o bien su despido, previo pago de 199.000 euros en concepto de indemnización.
Los consejeros de PP y Ciudadanos rechazaron que se presente el citado recurso judicial y eran partidarios de readmitir a Zafra o de pagarle el despido, porque entienden que seguir con el juicio laboral adelante solo conllevará más gastos económicos, tal como confirmaron los consejeros Narciso Estellés (Cs) y Carlos Mundina (PP) a Levante-EMV. Estellés y Mundina preferían acatar el fallo y readmitir a Zafra, lo que implicaría un gasto de unos 70.000 euros por los salarios no percibidos por la exjefa de administración y un ahorro de unos 129.000 euros, respecto a la indemnización decretada por la jueza. El consejero de Vox Vicente Montáñez no asistió a la reunión.
El despido de Zafra fue decidido de forma fulminante a finales de septiembre de 2019 por el presidente de la EMT Giuseppe Grezzi y el entonces gerente de la compañía Josep Enric García por su supuesta actuación «negligente» en el fraude de los 4 millones que sufrió la firma entre el 3 y el 23 de septiembre.
El Consejo de Administración Extraordinario acordó presentar este recurso ante la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia, hoy mismo, día en que expiraba el plazo legal para recurrir el fallo contrario a la EMT. La decisión de continuar con el pleito fue llevada al consejo porque para continuar el juicio laboral contra la extrabajadora, la EMT tendrá que depositar también en sede judicial los 199.000 euros que la jueza dictaminó que le correspondía como indemnización.
La actual gerente Marta Serrano no puede decidir pagos superiores a 130.000 euros por lo que era preciso que este depósito económico lo autorizase el Consejo de Administración. La EMT comunicó ayer que alegará ante el TSJ que en la sentencia favorable a la exdirectiva se ha producido «un error en la valoración de la prueba documental» ya que «independientemente de poder haber sido engañada y que el negocio fuera real o una estafa organizada, la exdirectiva envió documentación sobre la que estaba obligada al deber de custodia».
La compañía insistió ayer de nuevo en que la extrabajadora «ocultó inicialmente información relevante para el esclarecimiento de los hechos a la dirección de la empresa». De hecho, «esta documentación que envío la exdirectiva fue imprescindible para que los estafadores llevasen a cabo el hecho delictivo», afirma la mercantil. Sin embargo, la titular del Juzgado número 1 de lo Social María Jesús Recarte desmonta esta acusación de presunta ocultación de información sobre el fraude, en la sentencia ahora recurrida y a la que ha tenido acceso este periódico.
Por su parte, el abogado de Celia Zafra, José Martínez, ha confirmado que contra el recurso de la empresa que se presente hoy, contestará con su propia impugnación dentro del plazo legal que le corresponde. Esto significa que en dos o tres semanas, como pronto, el TSJ recibirá el expediente. Normalmente, el Alto Tribunal tardará entre 8 y 12 meses en fallar a favor o en contra de la compañía.
