"Ribó estuvo a punto de firmar un pacto sobre Benimaclet, pero cedió a Compromís"

«Si Ribó quiere la gestión directa y que sea el ayuntamiento el que diseñe el PAI de Benimaclet, mañana mismo lo hacemos, pero el problema no es ese, el problema es que Ribó, muy presionado por algunos miembros de su partido, quiere rebajar la edificabilidad y hacer unifamiliares aunque sea pagando los 36 millones de euros de indemnización a Metrovacesa, algo que no se atreven a decir y que no vamos a consentir». Este es el resumen que hace el Partido Socialista de la situación que se vive en torno al PAI de Benimaclet y que tiene enfrentados a los socios de Gobierno. Aseguran, además, que la remodelación de este PAI ha sido negociada en los últimos meses con Ribó y que estuvieron esperando hasta el último minuto para que el alcalde saliera de lo que ellos llaman «indefinición», «porque una cosa es lo que nos dice a nosotros y otra lo que cuenta luego».

Con esos mimbres no parece probable que al menos en el corto plazo haya un acuerdo del Govern del Rialto para sacar adelante un PAI que lleva dos décadas atascado y que se considera clave en el desarrollo de la ciudad. Las presiones de los vecinos y de Compromís llevaron al Partido Socialista, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano, a inadmitir la propuesta de Metrovacesa y plantear una nueva fórmula que rebaja de 1.400 a 1.000 el número de viviendas a cambio de aumentar el suelo terciario, una propuesta intermedia que rebaja edificabilidad y evita reclasificar suelo para bajar a las apenas 400 viviendas que pide Compromís, una opción que obligaría al ayuntamiento a pagar una indemnización que los servicios municipales cifran en 36 millones de euros.

Pero esa fórmula tampoco ha sido admitida por Compromís y además ha arreciado el conflicto por unas declaraciones de los partidos mucho más duras de lo que han sido las de los protagonistas directos. Compromís denuncia irresponsabilidad política, unilateralidad en las decisiones y quiebra de la gobernanza, mientras que los socialistas ven su propuesta elitista, negativa para la mayoría de los vecinos y nociva para las arcas municipales.

Para tratar de baja la tensión, ayer la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, la socialista Sandra Gómez, hizo un llamamiento a la «calma» y al «diálogo» con sus socios de Gobierno. Gómez calificó las declaraciones de Compromís como «demasiado teatralizadas» y prefiere centrar todos los esfuerzos en la lucha contra la pandemia en vez de enfrentarse por esta situación. Es más, lanzó una invitación a Ribó: «Si el problema es quién diseña el plan, lo zanjamos hoy mismo, lo hace el Ayuntamiento».

Pero más allá de esta postura de la vicealcaldesa, la realidad es que los socialistas están indignados con la situación y fuentes del partido hablan de diferencias de modelo y presiones a Ribó por para que no ceda.

Según las fuentes, la inadmisión del PAI propuesto por Metrovacesa y la reformulación del plan presentado el lunes por los socialistas no se decidió de manera unilateral sino que fue tratada durante meses con miembros de Compromís y particularmente con el alcalde. Amenazan incluso con publicar los correos electrónicos. Es más, habrían estado esperando hasta un minuto antes de su presentación a que Ribó se pronunciara, pero no fue así y tuvieron que seguir adelante porque Metrovacesa llevaba esperando desde junio y amenazaba con tomar acciones legales, dicen.

Aseguran, así mismo, que en esas negociaciones Ribó estuvo muy cerca de cerrar un acuerdo con los socialistas, pero que siempre había interferencias desde Compromís, lo que terminaban arruinando los avances.

Y es que a día de hoy se manejan dos modelos distintos. Una vez inadmitida la propuesta de Metrovacesa hay que decidir quién diseña el PAI y luego quién lo urbaniza. Los socialistas reiteran que lo de la gestión directa no puede ser una excusa, porque «si quieren que lo diseñe el ayuntamiento lo hacemos y además a Metrovacesa probablemente no le importara». El problema estaría, dicen, en la ejecución del plan, pues los socialistas apuestan por reducir viviendas a costa de ganar terciario y así garantizar las dotaciones (pabellón deportivo, escolete, colegio, campo de fútbol, etc) que quiere «la mayoría de los vecinos» sin pagar indemnizaciones por una rebaja de la edificabilidad.

Compromís, por su parte, «quiere bajar el número de viviendas a 400 casas unifamiliares tipo pueblo, reclasificando suelo y bajando edificabilidad aunque ello suponga pagar 36 millones de euros que son de todos». «Eso es lo que realmente piensan, lo que pasa es que no se atreven a decirlo», aseguran las fuentes socialistas, que en ningún caso estarían dispuestos a pasar por ahí. «Eso es una vía antigua, poco progresista y muy negativa para las arcas municipales, que es el dinero de todos», dicen.

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