Los promotores hablan de inseguridad jurídica en el PAI de Benimaclet
Recuerdan que son procesos largos y costosos

Propuesta de Metrovacesa, con huertos, jardines e instalaciones deportivas. | LEVANTE-EMV / josé parrilla. valència
josé parrilla. valència
El conflicto que se ha generado en torno al PAI de Benimaclet no ha sentado bien en el entorno empresarial, más concretamente entre los promotores. Lejos de intentar generar más polémica en medio del enfrentamiento de los socios del gobierno municipal, creen simplemente que «la ley hay que cumplirla» y que «no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido», en referencia al deseo por parte de Compromís de desclasificar el suelo y volver a la gestión directa. Es más, aseguran que se está generando inseguridad jurídica en el sector y torpedeando planes esenciales para la ciudad en un momento muy complicado para la economía y el empleo.
A falta de que la empresa Metrovacesa analice la situación y tome una determinación sobre su papel en el PAI de Benimaclet, entre los empresarios la idea más extendida es que la ley urbanística en estos momentos «es la que es y que hay que cumplirla». Si se quiere evolucionar hacia otros modelos urbanísticos, les parece bien que se haga, pero de forma ordenada. «Lo que está vigente está vigente, y no se puede decir de la noche a la mañana que lo vamos a cambiar», dicen los empresarios. «Lo que no podemos hacer es crear inseguridad jurídica», precisan las fuentes.
Esa idea es válida para todos los sectores productivos, pero entienden que para el urbanismo más aún, puesto que se trata de «procesos muy largos, que no se pueden anular cuando uno quiera». Y hay más: «con la pandemia y la crisis económica derivada de la misma, no son buenas aquellas decisiones que afecten al paro, que está disparado en España y especialmente entre los más jóvenes». En general, creen que en este momento no es bueno generar más problemas de los que hay.
Entre tanto, los socios de Gobierno parecen haber entrado en una fase de reflexión sobre sus posturas y apuestan, en público, por retomar el diálogo y llegar a acuerdos. Por lo pronto, en la Junta de Gobierno Local celebrada ayer no se trató el tema. Y tampoco la vicealcaldesa, Sandra Gómez, del Partido Socialista, ni el vicealcalde, Sergi Campillo, de Compromís, quisieron pronunciarse sobre el asunto más allá de sendos llamamientos al diálogo y el acuerdo.
Sandra Gómez recordó que hay precedentes «en meses anteriores» de acuerdos sobre asuntos espinosos. «No perdemos la esperanza de que ese acuerdo llegue», dijo Gómez, quien aseguró que lo importante de la comparecencia del viernes eran las medidas implementadas por el ayuntamiento en relación al Plan Resistir.
Por su parte, el vicealcalde de Compromís añadió: «En estos momentos toca explicar que estamos trabajando para llegar a este acuerdo».
Preguntado por las «líneas rojas» de cada partido, Campillo explicó que parten «sin un modelo concreto» y que deben trabajar conjuntamente: «No podemos hablar de si hay líneas rojas o no», remarcó. «Vamos a continuar dialogando y sólo necesitamos un poco de tiempo para madurar el acuerdo», dijo.
Por lo pronto no se ha convocado la comisión de seguimiento del pacto del Rialto, como ha pedido Compromís. Los contactos son prácticamente nulos.
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