Un intendente, un inspector y un comisario de la Policía Local de València ordenaron que se denunciara y desalojara el café cantante del local Marina Beach, situado entre el puerto y el paseo marítimo, a pesar de que los dos policías enviados a ejecutar el mandato y otro oficial del cuerpo les hicieron saber varias veces que la actuación no estaba amparada por normativa alguna.
Las circunstancias de la intervención policial que se desarrolló en las noches del 18 y el 19 de agosto del año pasado constan detalladas en un informe elaborado para la Jefatura de la Policía Local pocas horas después de los hechos que ha sido aportado en los últimos días al juzgado de instrucción número 19 de València. Este órgano judicial mantiene abiertas unas diligencias previas a instancias de la empresa propietaria del local, que entiende que se lesionaron gravemente sus derechos y reclama daños y perjuicios.
Cierre del local de manera indebida
El informe, al que ha tenido acceso Levante-EMV, detalla que los dos policías firmantes recibieron una orden verbal de un inspector para que acudieran a Marina Beach el 18 de agosto por la noche para comprobar si se estaba desarrollando alguna actividad diferente de la de restauración. El servicio de comidas se podía desarrollar pero la zona de café-cantante podía no encajar en las limitaciones al ocio que el día anterior había aprobado la Conselleria de Sanidad por la pandemia. Los dos agentes levantaron acta esa misma noche por infracción grave, al entender que la actividad del café-cantante estaba entre las prohibidas.
Al día siguiente, el mismo inspector volvió a enviar a los policías al mismo local para comprobar si había cesado la actividad. De camino, los agentes comprobaron que esa parte del local no estaba enmarcada en la clasificación de ocio, sino en la de espectáculos públicos, cuando estos locales no tenían limitación de uso. Consultaron telefónicamente a un oficial, que les confirmó su interpretación, que era la misma que la de la empresa afectada y que la del director general del Consorcio Valencia 2007, Vicent Llorens, quien así lo había reflejado en una carta.
La insistencia de los agentes en que la denuncia había sido indebida hizo que se presentara en el lugar el inspector, quien «tras entablar conversación telefónica con, al parecer, el intendente nº XXXXX, indica a los actuantes que el local hay que denunciarlo y proceder a su desalojo». Los dos policías insistieron de nuevo pero el inspector, alegando haber recibido órdenes del intendente y del comisario de UCOS, hizo uso de su jerarquía y advirtió a los agentes de las consecuencias de desobedecer una orden. Los policías se marcharon sin denunciar el día 19 y cuando fueron citados en noviembre para ratificar la denuncia que habían interpuesto la noche anterior no la validaron y la dejaron sin efecto.
El juzgado está investigando los hechos y ya ha tomado declaración como imputados a varios de los mandos que actuaron en la denuncia.
