La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anula el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), aprobado en 2018 como herramienta clave del Gobierno del Botànic para preservar la costa del urbanismo salvaje, marca los límites a futuras intervenciones proteccionistas del territorio por parte de las administraciones públicas. Entre ellas, la desclasificación del PAI de Benimaclet que defiende el alcalde, Joan Ribó, y Compromís per València, para ganar superficie de huerta para la ciudad.
La decisión judicial, que la Generalitat recurrirá ante el Supremo, da la razón a la inmobiliaria Torreviñas SLV, que presentó un recurso contencioso contra el plan del litoral por defectos de forma y tramitación. El fallo judicial da la razón al recurrente y anula el Pativel, desbaratando muchas actuaciones basadas en dicho plan, por varios argumentos, uno de ellos la ausencia de un estudio económico sobre el coste que supondrían las indemnizaciones por las expropiaciones de terrenos previstas o la desclasificación de suelos ya programados.
Como se ha publicado, Metrovacesa, propietaria de más de la mitad del suelo del PAI de Benimaclet, opta a desarrollar este sector urbanizable con edificios en altura y 1.400 viviendas. Un diseño que el alcalde, Joan Ribó, ha rechazado. La concejala de Desarrollo Urbano, la socialista Sandra Gómez, ha reformulado el planeamiento, sin tocar la edificabilidad, rebajando a mil las viviendas, aumentando la edificabilidad terciaria y revisando la movilidad en la Ronda Norte, cuyos bordes se ajardinarían para reconectar con la huerta circundante de Vera y Alboraia.
Una propuesta, basada en los nuevos parámetros del urbanismos sostenible, que no convence al alcalde, quien insiste en la idea de desclasificar parte del suelo para salvar los huertos urbanos existentes, asumiendo que tendrá un coste para las arcas públicas. Unos costes que, en base a la sentencia del TSJ sobre el Pativel, habrá que estudiar y argumentar, para evitar procesos judiciales que se pueden eternizar, como ocurrió en el famoso solar de Jesuitas.
Mientras, Metrovacesa se mantiene a la espera de que el Gobierno del Rialto llegue a un acuerdo que desbloquee el PAI y advierte de que si se desclasifica el suelo irá a los tribunales y reclamará 50 millones de euros de indemnización, cantidad que Ribó y los colectivos ciudadanos contrarios al PAI reducen a menos de la mitad. Metrovacesa ya denunció al ayuntamiento por inacción forzando, tras meses de silencio, una respuesta a su solicitud de obtener la calificación de agente urbanizador del PAI de Benimaclet, cuyo resultado ha sido la inadmisión de la solicitud.
La dificultad para llegar a un acuerdo por parte del alcalde, de Compromís, y la vicealcaldesa y concejala de Urbanismo, Sandra Gómez, del PSPV, puede condenar a Benimaclet a una nueva paralización de esta bolsa de suelo, donde hay previstas dotaciones fundamentales para el barrio como un polideportivo y una escoleta.
El desarrollo urbanístico de Benimaclet, uno de los barrios que más votos dio a Compromís en los últimos comicios, ha provocado una crisis de gobierno y la convocatoria de una comisión de seguimiento del pacto del Rialto.
Compromís per València defiende una alternativa para el PAI de Benimaclet que reduce la edificabilidad a la mínima expresión y cambia las torres por casas de poble. La coalición valencianista, con apoyo del grupo municipal, han iniciado esta semana reuniones con colectivos ciudadanos de Benimaclet menos proclives que Cuidem Benimaclet a la desclasificación en aras de buscar una solución consensuada.
