Los vecinos apoyan el recargo del 30% en el IBI de los grandes propietarios

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que avala el recargo del 30% en el IBI a los propietarios de más de diez viviendas desocupadas ha sido bien acogida por los vecinos, que consideran muy necesario movilizar vivienda de alquiler para bajar los precios y llegar a todos los estratos sociales. La presidenta de la Federación Vecinal, María José Broseta, no ve lógico que en la ciudad de València haya decenas de miles de viviendas desocupadas y haya gente en la calle que no tiene donde ir porque hay pocos pisos en alquiler y los precios son desorbitados.

Como ya adelantó este periódico, la sentencia del TSJ, que es posible recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, avalaba la Ordenanza Fiscal de 2019 que gravaba con un 30% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a aquellos propietarios que tuvieran más de diez viviendas desocupadas, que son mayoritariamente los bancos. De hecho, el recurso contra esa ordenanza fiscal lo había promovido Sareb, que sólo en la ciudad de València tiene en propiedad 820 viviendas, más de 2.000 parcelas y 400 locales.

Para María José Broseta, esa ordenanza fiscal y, por tanto, la sentencia judicial está en la línea de lo que demandan los vecinos, que es más vivienda asequible en alquiler, pues es la mejor forma de acabar con la falta de vivienda social. «Hay mucha gente joven que no se puede independizar y hay mucha gente que tiene trabajo pero que no les llega el sueldo, sobre todo ahora con la pandemia. Esta gente tiene que tener una vivienda digna», dice María José Broseta.

Ampliar la oferta de vivienda acabaría también con las ocupaciones ilegales, que se han convertido en un problema en muchos barrios de la ciudad. En este sentido la presidenta vecinal distingue entre unas ocupaciones y otras. «Hay gente que ha tenido que ocupar una vivienda porque la han desahuciado de su casa por no poder pagar. A estas personas hay que darles una salida. No ocupan por ocupar», explica.

Regulación del alquiler

María José Broseta también es partidaria de introducir cierta regulación en los precios del alquiler y que se negocien unos precios máximos, sobre todo en algunos barrios. En zonas como el Cabanyal, la Plaza de Honduras o la Avenida de Francia, los precios de la vivienda se han triplicado. «Y eso no puede ser», dice la dirigente vecinal, no sólo porque impiden a las familias instalarse allí sino porque al final terminan echando a la gente de sus barrios, un grave problema al que se enfrentan ya zonas como Ciutat Vella.

Según datos municipales, en la actualidad hay unas 57.000 viviendas vacías en València, siendo los barrios de Camins al Grao y Ciutat Vella los más afectados por este fenómeno.

Ayer, el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, explicó que es la Generalitat Valenciana la que tiene que crear un registro de vivienda vacía que servirá de base a los ayuntamientos para desarrollar sus políticas de vivienda, en este caso aplicar el recargo del 30% en el IBI. De hecho, la sentencia da a razón al Ayuntamiento de València entre otras cosas porque existe ese soporte legislativo.

Según Sanjuán, la Ley de Función Social de la Vivienda da amparo a la normativa sobre tanteo y retracto y prevé la creación de un registro de vivienda vacía. Todos los grandes propietarios deberán comunicar sus posesiones e inscribirse en ese registro, que luego se trasladará a los ayuntamientos.

Aplicación en 2022

Según el concejal, la Generalitat ya está trabajando en ambas cosas, primero en el decreto de tanteo y retracto y posteriormente en la elaboración del registro.

Y si todo fuera como está previsto, cabe la posibilidad de que ese listado de vivienda vacía esté operativo antes de fin de año y pueda aplicarse el recargo en el año 2022.

Borja Sanjuán ya ha explicado que el recargo en el recibo del IBI no tiene una función recaudatoria, sino social, pues pretende acabar con la vivienda vacía e incrementar el parque de vivienda en alquiler, que es muy necesario en la ciudad y que abarataría los precios considerablemente.

Uno de los problemas con los que se encuentra el Ayuntamiento de València en este momento es precisamente la falta de vivienda social para atender situaciones de emergencia habitacional, cada vez más numerosas por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria.

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