La Comisión de Investigación sobre el fraude de los 4 millones en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València tendría que haber seguido las normas que regularon una comisión anterior -para depurar las responsabilidades políticas por el caso Taula- y haberse celebrado en el seno del Ayuntamiento y no en el ámbito del consejo de administración de la EMT con la forma de una comisión de trabajo. De este modo, se ha manifestado tangencialmente el Síndic de Greuges que ha asumido en parte la queja presentada por el consejero y concejal del PP en la EMT Carlos Mundina y que ordena al Ayuntamiento de València que el voto particular que emitió el PP, en el momento del cierre de la comisión, sea elevado al Pleno del Ayuntamiento de València, antes y de manera separada, a las conclusiones generales. El Síndic, a partir, de la queja presentada por Mundina, se hace eco del escrito de respuesta del secretario del Ayuntamiento que detalla que en el acta final de la Comisión de Investigación desarrollada en el Consejo de Administración de la EMT solo se incluyeron las conclusiones aprobadas por mayoría absoluta en el Consejo, las que propuso la presidenta socialista Elisa Valía en su informe y las que apoyaron consejeros de Compromís y del PSPV. Sin embargo, en ese acta no se incluyó el voto particular del PP, que era contrario a las conclusiones defendidas por los socios del gobierno municipal.

El Síndíc apunta en su resolución que, según se desprende del Acta de Constitución de la Comisión de Trabajo, extendida con fecha 8/10/2019, dicha comisión acordó por unanimidad que al no existir normativa de régimen mercantil que regule este tipo de comisiones de investigación, por analogía se aplicaría la regulación que para las comisiones no permanentes prevé el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) y que fue el que se aplicó en su momento con la comisión del llamado caso Taula”. Sin embargo, según denuncia el PP, "la presidenta de la comisión y los consejeros de Compromís y PSPV, de manera antidemocrática, se saltaron este acuerdo de la sesión de constitución de la Comisión e impusieron que las conclusiones se votaran en el seno del consejo de administración de la EMT y en el Pleno sin que se votara previamente el voto particular de los consejeros populares”, ha declarado Mundina.

Mundina y su compañera la concejala popular Marta Torrado advirtieron, con antelación suficiente en un escrito dirigido a la presidenta de la comisión de trabajo, que en el consejo de administración de la EMT celebrado el pasado 7 de octubre de 2020, en el que se aprobaron las conclusiones, no se incluía en su orden del día la votación sobre el voto particular del PP. Ahora, el Síndic de Greuges afea la decisión de la presidenta de saltarse el acuerdo de creación de la comisión de investigación y denuncia que el consejo de administración de la EMT en el que se aprobaron las conclusiones debió incluir un punto para que se diera cuenta sobre el voto particular del PP. Al respecto, el PP hace una interpretación particular de la resolución del Síndic y señala que la aprobación de las conclusiones por el consejo de administración de la EMT "sería improcedente de acuerdo con la resolución del Síndic de Greuges”, y por ello ha pedido la reapertura de la comisión y que se tenga en consideración el voto particular del PP. Realmente el Síndic de Greuges no dice directamente en ningún momento que la comisión se cerrarse en falso ni que las conclusiones de la comisión sean improcedentes, realmente lo que hace, es entrar en la cuestión administrativa, legal y organizativa de la Comisión. Por último, según señala el Síndic de Greuges en su resolución, al denegarse en las conclusiones la inclusión del voto particular del PP y al no permitirse que se votara en el consejo de administración de la EMT y en el Pleno, que la actuación de la presidencia de la comisión, la socialista Elisa Valía, “pudo no ser lo suficientemente respetuosa con los derechos de los consejeros populares”.