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Incertidumbre general ante el cierre al tráfico de Ciutat Vella

Entidades como la Federación Vecinal, la Asociación del Comercio Histórico o Fotur desconocen los detalles del plan que restringirá los accesos al Carmen y que conllevará multas de 200 euros

Foto de una Cámara instalada en la calle Salvador, ayer. | F.BUSTAMANTE

A apenas 5 días del cierre al tráfico -en pruebas- de Ciutat Vella Nord hay numerosas incógnitas por resolver todavía. Son muchos los vecinos, comerciantes y profesionales del Carmen que aún no tienen claro qué tienen que hacer para darse de alta en la plataforma habilitada por el Ayuntamiento de València, que no saben qué documentación les hace falta o que no aciertan a ajustar su caso particular a las condiciones generales de acceso que se han fijado por parte de la Concejalía de Movilidad a este Àrea de Prioridad Residencial (APR). Gran parte de los ciudadanos del resto de la ciudad y del área metropolitana -poblaciones como Quart, Manises, Mislata, Alboraia….- ignoran que no podrán circular con su coche por el centro histórico a partir de abril, sin la correspondiente autorización, y que podrán ser multados una vez sean captadas las matrículas de sus vehículos por las 5 cámaras instaladas en el área geográfica de la APR. Fuentes de la Concejalía de Movilidad Sostenible -cuyo titular es el edil Giuseppe Grezzi- señalaron ayer que el plan para restringir la circulación en esta zona sigue adelante en los tiempos previstos. De momento, en marzo solo serán avisos informativos, pero en abril, los infractores recibirán sanciones de hasta 200 euros. De hecho, si se consultan los teléfonos informativos que se han habilitado para esta campaña, una operadora confirma que a partir del lunes, 1 de marzo, se activarán las cámaras de control y se comenzará a notificar a quienes no se hayan dado de alta en los registros municipales, vía web o en persona. Además, en ambos números telefónicos -96 208 31 11 y 96 208 30 17- se indica a los ciudadanos los documentos que precisan para darse de alta. Eso pese a que otras fuentes municipales señalaron a Levante-EMV que el proyecto para pacificar el tráfico y reducir la contaminación se ha paralizado. Mientras, diversos colectivos transmiten la incertidumbre del ciudadano de a pie. La presidenta de la Federación de Vecinos María José Broseta señaló que no tiene información oficial de que se vaya a cerrar Ciutat Vella más allá de lo que transmiten sus compañeros de Amics del Carme. En esta entidad están muy satisfechos con la APR pero en su web oficial urgen al Ayuntamiento de València: «una amplia campaña informativa a residentes y comerciantes sobre el funcionamiento del sistema de control de acceso».

La gerente de la Asociación de Comerciantes del Comercio Histórico, Julia Martínez, subraya que están recopilando los documentos que les envían sus asociados para dar de alta las matrículas. Sin embargo, no han avanzado mucho «porque ahora mismo nuestra prioridad es tramitar las ayudas del Plan Resistir». El presidente de la patronal del ocio y del turismo Fotur, Víctor Pérez echa en falta «una campaña de información más amplia» para que todos los ciudadanos de València y el área metropolitana conozcan estas restricciones a la movilidad, que se activan en pocos días.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés afirma que un proyecto «tan importante y que va a afectar tanto a la vida diaria de todos los residentes y negocios del barrio no puede hacerse a espaldas de los vecinos. Una cosa es que Grezzi nos deje fuera a nosotros como partido y otra que ni los propios vecinos estén informados», subraya.

«Llevamos más de dos años -lamenta Estellés- con las cámaras instaladas y sin funcionar, el mismo tiempo que estamos reclamando que se informe a los vecinos para evitar problemas difícilmente solucionables una vez en funcionamiento el control de acceso, pero la falta de claridad y transparencia han sido totales en este asunto». «Nos preocupa especialmente -abunda- las dificultades que puedan tener comercios y empresas que desarrollen su actividad en Ciutat Vella por la improvisación o la falta de información para poner en marcha los controles de acceso», finaliza.

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