La prueba pericial que tuvo lugar ayer en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de València, ha permitido poner de manifiesto la «inconsistencia metodológica y técnica de las mediciones acústicas realizadas por el Ayuntamiento de València para la tramitación del expediente de la zona ZAS del barrio del Carmen en 2019». Así lo aseguraron ayer fuentes de la Asociación de Hosteleros de Ciutat Vella (Albarca), que junto con la Federación Empresarial Hostelería de Valencia, habían presentado un recurso contra la declaración del barrio como Zona Acústicamente Saturada (ZAS).
El careo entre los representantes del Ayuntamiento de València y los representantes jurídicos y el ingeniero acústico de Albarca, integrada en la Coordinadora de Hostelería de los Barrios de Valencia, permitió defender que las simulaciones virtuales de la contaminación acústica que utiliza el Ayuntamiento «carecen de todo rigor técnico».
Desde Albarca, y así se argumentó durante la prueba pericial, aseguran que las mediciones no permiten identificar las verdaderas fuentes del ruido ambiental, al carecer de un sistema de cámaras de vídeo grabación o de un trabajo «in situ» de los técnicos para recoger información que complementen las grabaciones acústicas.
Asimismo, explican que las mediciones del Ayuntamiento extrapolan los datos de 5 sonómetros fijos para calcular el ruido de más de 150 calles del centro histórico, «culpando sin ninguna justificación técnica a las pymes como responsables y focos emisores del ruido».
«Sin querer anticipar el resultado de la prueba pericial», el letrado encargado del recurso, Hervé Bernal, explicó que «ha quedado de manifiesto que el expediente de la ZAS del Carmen carece de elementos y pruebas técnicas que justifiquen las medidas restrictivas adoptadas contra la hostelería, basándose meramente en indicios subjetivos que pretendían achacar las causas del ruido a la actividad de los locales de ocio y hostelería».
Para Bernal, resulta inconcebible que el Ayuntamiento de Valencia «asigne el ruido ambiental a las pymes sin haber determinado cuáles son los emisores reales del ruido, como puedan ser el tráfico, el público o el servicio de recogida de basura, entre otros.
En este contexto, desde Albarca y la Coordinadora reiteran su voluntad de diálogo e interés por superar la judicialización.
