La policía desaloja al colectivo que ocupó la vieja sede de Unicaja

La Policía Nacional desalojó ayer a las personas que ocupaban desde hace cuatro meses la antigua sede de Unicaja en la calle Pintor Sorolla, en pleno corazón financiero de la ciudad. Como consecuencia de la intervención se produjeron momentos de tensión y tres detenciones, así como una posterior concentración de jóvenes a las puertas del edificio reivindicando la labor del colectivo Esperanza Obrera, responsable de la ocupación. Una vez recuperado el edificio, se cambiaron las cerraduras y solo se permitió a los ocupantes sacar las bolsas de comida que tenían previsto repartir entre familias necesitadas, familias que allí mismo pudieron recogerlas para llevárselas a su casa.

La intervención policial se produjo sobre las nueve de la mañana y en el momento de la intervención había dentro del edificio cuatro personas que viven allí permanentemente. Se trata de dos inmigrantes y dos españoles que no tienen medios de vida ni vivienda donde alojarse, según explicó un portavoz del colectivo, Pau Botella.

También estaban o acudieron al lugar miembros de Esperanza Obrera que se encargan de la custodia de edificio, con los que la policía tuvo un enfrentamiento que se saldó con tres detenidos y su traslado a la comisaría de Zapadores.

Reparto de comida

Una vez consumado el desalojo, se procedió al cambio de cerraduras y al cierre del edificio, aunque antes de eso se permitió a los promotores de esta ocupación sacar las bolsas de comida que tenían para repartir, una de las actividades que han venido desarrollando periódicamente estos meses. De hecho, decenas de familias acudieron rápidamente al lugar a recoger esta comida, como habían hecho en al menos tras seis o siete ocasiones, dijeron.

Y entre tanto, una cincuentena de jóvenes se manifestaba frente al edificio para denunciar el desalojo, que precisó de un fuerte dispositivo policial repartido por varios puntos de la calle Pintor Sorolla.

Según Pau Botella, la decisión judicial está fuera de la ley y produce indefensión entre el colectivo. «El juez ha aprobado una medida cautelar sin consultarnos ni dejarnos defendernos, porque no nos ha permitido apelar contra la medida», explica Botella, que asegura que han presentado un recurso que no ha sido atendido por el juez, como tampoco ha tenido en cuenta, añade, las condiciones de las personas que viven en el edificio.

Esta ocupación del colectivo Esperanza Obrera ha tenido como hecho diferenciado el edificio ocupado, que es la antigua sede de un banco. Muchos de los concentrados aseguraban ayer que el siguiente paso ahora será ocupar otro edificio.