El rescate de la concesión en manos de la UTE Los Hornillos del servicio de tratamiento de la basura urbana, alegando enriquecimiento empresarial injusto, que sopesa la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre) supondría un coste de cien millones de euros para los ayuntamientos. Esa es al menos la estimación que hace la concesionaria del servicio y propietaria de laplanta de tratamiento de Quart de Poblet. Una suma millonaria correspondiente al coste de amortización de la renovación de la citada planta que la UTE llevó a cabo en su día para tratar las 400.000 toneladas de basura que iban a generar València y los municipios del área metropolitana y que nunca se han llegado a alcanzar.
La UTE reclama a la Emtre que abone los 8 millones de euros de indemnización por la merma de las basuras que le reconoció el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat en 2019 y cuya ejecución de sentencia acaba de ser demandada por el juzgado a la Emtre, que a su vez ha presentado un recurso de apelación en un último intento por evitar el pago y su repercusión en la tasa de tratamiento que paga el ciudadano.
La batalla judicial sigue abierta y la UTE lamenta que la Emtre lleve un año dilatando el pago. Recuerda que tiene otras cuatro sentencias que le dan la razón y que elevarían las indemnizaciones por incumplimiento del contrato hasta los 20 millones de euros. Los ocho millones que la UTE le reclama ahora a la Emtre se corresponden al periodo 2016-2019. La UTE también ha ganado en primera instancia los contenciosos por la merma de ingresos en 2013 y 2015 y 2020 lo que elevaría la cuantía a 20 millones de euros.
Las nuevas condiciones de reparto de la basura impuestas por el Emtre en 2013, cuyo presidente actual es el concejal de Ecología Urbana y vicealcalde, Sergi Campillo, supusieron una merma de entrada de residuos en la planta de la UTE Los Hornillos, formada por las empresas Sufi (Grupo Sacyr), Construcciones y Estudios (Cyes) y Corporación F. Turia, que hasta ese año tuvieron el monopolio del negocio de la basura.La entrada en funcionamiento de una segunda planta en Manises supuso una merma de ingresos por la redistribución de los residuos a tratar entre las dos plantas. Las fuentes de la UTE consultadas aseguran que en los últimos meses se había iniciado un proceso de negociación con la Emtre para tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial. Las empresas han puesto sobre la mesa la posibilidad de reducir el canon o ampliar el periodo de concesión, del que todavía quedan diez años, para retirar sus recursos judiciales. Una oferta a la que la Emtre ha respondido con una revisión de precios por el tratamiento de los residuos que elevaría a ocho millones de euros la cantidad que la UTE debería pagar a los ayuntamientos. La Emtre ha planteado a la UTE un proceso de compensación de deuda para ahorrarse la indemnización y una inevitable subida de la Tamer, que supone para el ciudadano medio 150 euros anuales. La revisión de precios públicos no está justificada, según la UTE concesionaria, que la recurrirá.
El contencioso por la redistribución de las basuras no es el único asunto judicial pendiente de la Emtre. La fiscalía investiga un caso de corrupción en la gestión de las basuras por parte de un funcionario del Emtre y un trabajador de una de las empresas proveedoras vinculada a la UTE Los Hornillos. La sospecha de que se estaba favoreciendo a una empresa proveedora de la UTE, llevó al presidente de la Emtre, Sergi Campillo, a denunciar los hechos ante la fiscalía. La Emtre denuncia que uno de sus jefes era socio de una firma (SMV) que habría facturado de forma irregular más de 10 millones de euros por tratamiento de residuos en connivencia con un trabajador de la UTE. La relación con la UTE de los Hornillos «nunca ha sido fácil» apuntan fuentes del Emtre que ha pedido, de momento sin éxito, que el proceso judicial se paralice mientras se resuelve la investigación de la fiscalía.
