«Cobro la nómina que pone en mi contrato, ni dietas, ni desplazamientos, ni nada más». Así lo aseguró ayer a Levante-EMV el gerente desde 2015 de la sociedad Plan Cabanyal, Vicente Gallart, tras hacerse pública la auditoría de legalidad de 2019 de la Generalitat que determina que debería cobrar menos y devolver los 10.000 euros que, con arreglo a los honorarios de los altos cargos de la Generalitat, habría cobrado de más y que constituirían una «apropiación indebida». Gallart , que percibe 70.200 euros brutos anuales, aseguró que el sueldo del gerente, que paga el ayuntamiento, lleva 14 años congelado. « Creo que cobro 300 euros más de lo que cobraba el anterior» gerente (Alejandro Ródenas) y su sustituto (César Mifsut)ambos nombrados por el PP. Gallart salió asíal paso de las críticas del PP y de Ciudadanos tras conocerse el resultado de la auditoría de la Generalitat y aseguró que «no es la primera vez que los auditores señalan la discrepancia» de su salario en relación al de los altos cargos de la Generalitat.
La novedad en el ejercicio auditado es que se ha señalado que «tengo que devolver 10.000 euros», algo que Gallart dijo que haría si así lo determinaba el consejo de administración de Plan Cabanyal celebrado ayer y en el que la polémica quedó aparentemente zanjada tras aceptarse las alegaciones de la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, justificando el suelo del gerente. Gómez adujo ante los consejeros que el gerente de plan Cabanyal es personal del ayuntamiento y por tanto no se le pueden aplicar los límites salariales de la Generalitat, que se reparte al 50% con el ayuntamiento el accionariado de plan Cabanyal. El gerente de la empresa «es personal del ayuntamiento y no va a tener que devolver los 10.000 euros que señala la auditoría», apuntó la concejala, que recriminó en el consejo a la oposición su «hipocresía» porque el salario del gerente lo fijó en su día el PP.
El que fue activista vecinal y opositor al anterior plan urbanístico de la prolongación de Blasco Ibáñez admitía ayer su «preocupación» por las acusaciones que ha recibido pero subrayó que no se le ha pasado por la cabeza renunciar porque «entonces le estaría la razón a quienes dicen que aquí hay una trama y se están haciendo las cosas mal, algo que no ocurre».
El consejo de administración de Plan Cabanyal, por otro lado, aprobó ayer encargar a la sociedad que reactive el proceso de venta y regularización de las propiedades municipales ubicadas en primera línea de playa, en concreto, de las cerca de 90 viviendas de Pavimar, ubicadas la calle Astilleros, en primera línea de playa. El ayuntamiento lleva años negociando con los vecinos de este conjunto de viviendas de dos alturas, de estética modernista y amplios patios, la venta del suelo, que es de titularidad municipal y fue cedido en concesión hace años. El objetivo es frenar la especulación que se está detectando en el barrio donde se han frenado varias propuestas para dar uso hotelero a edificios, naves y solares ubicados frente al mar. Los propietarios que puedan acreditar la propiedad de las casas podrán adquirir el vuelo por cantidades que rondan los 70.000 euros. La idea es «fomentar que las familias se queden con sus casas y evitar que el marítimo se llene de hoteles», destacó Gómez.
En relación a la fiscalización de Plan Cabanyal, la empresa ya no volverá a ser auditada por la Generalitat. La sociedad, fundada por el PP para comprar casas para derribar y refundada por el gobierno progresista para impulsar la rehabilitación del Cabanyal, no se considera empresa del sector público. Plan Cabanyal, que cuenta con una plantilla de 10 personas y un presupuesto de 700.000 euros, tendrá que costear con sus recursos una auditoría externa.
El consejo de administración de plan Cabanyal también aprobó la auditoría contable de 2020 que ha dado beneficios tras corregirse al alza las valoraciones de los bienes patrimoniales (viviendas y solares) de su propiedad.
