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Sobre la legitimidad de los DecidimVLC

El Rialto defiende la validez del proceso al tener unas bases regladas y apoyo popular, pero el PP, por ejemplo, pide mecanismos de revisión

Entrada a la calle Pelayo 
se debía colocar un arco 
chino.  levante-emv

Entrada a la calle Pelayo se debía colocar un arco chino. levante-emv

La colocación de unos arcos chinos en las entradas a las calles Pelayo y Convento Jerusalén han abierto un importante debate sobre los presupuestos participativos, cuyo carácter vinculante, independientemente del número de apoyos que cosechen, choca a veces con los intereses de todo un barrio y pone en cuestión la propia legitimidad del proceso. Los ejemplos más claros los hemos tenido en los carriles bicis de la Avenida Constitución o Reino de València, proyectos que salieron adelante con unas pocas decenas de apoyos y luego cosecharon un rechazo generalizado de la ciudadanía. Y ahora este del Chinatown de Pelayo, que ha recibido 340 votos en los presupuestos participativos y los vecinos de La Roqueta ya han recogido más del doble de firmas en contra.

La pregunta, por tanto, es: ¿Cuentan con la suficiente legitimidad estos proyectos? ¿Se pueden volver atrás cuando una mayoría ciudadana así lo requiera?

Carril bici de la Avenida Constitución. lEVANTE-EMV

Para la concejala responsable del último DecidimVLC, Elisa Valía, eso no es posible porque se trata de una convocatoria reglada, con unas bases claras y un presupuesto. Lo que sí se puede hacer es negociarlo y adaptarlo a las exigencias de la mayoría, que es lo que se está proponiendo en el caso de los arcos chinos de Pelayo.

Según explicó Valía, los proyectos «están aprobados y no pueden volver atrás». En los seis años que han sido convocados los presupuestos participativos, incluido 2021, se han aprobado 455 proyectos por un importe total de 45 millones de euros (los tres primeros años a 7 millones y los tres últimos a 8) y ninguno de ellos, por protestado que haya sido, ha vuelto a la casilla de Salida. Es más, según Valía, un 80% de los mismos ya han sido ejecutados o están en ejecución.

«Si en algún momento nosotros quitáramos uno de los proyectos aprobados por la ciudadanía se deslegitimarían los presupuestos participativos», dice la concejala, que insiste en que «lo que sale aprobado es obligado». «Existe el compromiso de hacerlo».

Ahora bien, eso no significa, a su juicio, que determinados proyectos no puedan ser dialogados, negociados y variados según estimen los propios ciudadanos. En el caso del Chinatown de Pelayo, de hecho, ya se baraja una adaptación de los arcos (un cambio de lugar) para hacerlos compatibles con el Carrer de la Pilota, una propuesta de la Federació de Pilota que cuenta con todas las bendiciones del barrio y de los proponentes de los arcos chinos.

«Cuando un proyecto se aprueba pasa a las concejalías correspondientes y allí se encargan de ejecutarlo. Entonces ellos pueden ajustarlo a la situación concreta y pueden modificarlo si es necesario». En este caso de Pelayo lo esencial es que la Concejalía de Turismo se siente con todos y haga viable la propuesta», añadió.

En el Partido Popular, sin embargo, creen que las bases de los presupuestos participativos deberían introducir elementos correctores que garanticen que los proyectos se ajustan a la voluntad popular. La portavoz adjunta del grupo popular en el Ayuntamiento de València, María José Ferrer San Segundo, apoya los presupuestos participativos como tal, pues «funcionan en otras ciudades y fomentan la participación». Pero tienen «algunos problemas y cosas mejorables».

Una de ellas es precisamente la legitimidad de los proyectos -recuerda los carriles bici aprobados con entre 60 y 80 votos- y la posibilidad de contrarrestar determinadas iniciativas o incluso paralizarlas después.

En este sentido, San Segundo propone que las propuestas ciudadanas puedan ser votadas también en contra. «Tan democrática es una cosa como la otra y así se vería realmente cuál es la voluntad popular», afirma. En este sentido, cree fundamental que se pueda ver cómo evoluciona la votación, algo que en estos momentos no es posible, afirma.

Así mismo, propone que haya un trato preferencial para los vecinos, es decir, que el voto de los residentes en ese barrio tenga más valor, como ocurre por ejemplo en determinados colegios profesionales con los ejercientes o no ejercientes. Y también que se pueda votar en más de un barrio para que todo el mundo pueda opinar sobre iniciativas que son de ciudad.

Finalmente, considera necesario algún mecanismo de revisión de aquellos proyectos que se encuentran con una fuerte resistencia ciudadana, para los cuales propone una segunda consulta que aclare la postura dominante. «Si quieres hacerlo tú, lo haces, pero no te escudes en la voluntad democrática, porque la democracia es una cosa más sólida», asegura.

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