El modelo elegido por la Concejalía de Movilidad Sostenible, que dirige el concejal Giuseppe Grezzi, para pacificar el centro histórico de València está en entredicho. Ayer, una sentencia del Supremo declaró ilegal Madrid Central, la zona de la capital madrileña cerrada al tráfico rodado, que impulsó Manuela Carmena en su época como alcaldesa. Madrid Central es una zona de bajas emisiones que comenzó a funcionar el viernes 30 de noviembre de 2018. Solo los residentes, personas con movilidad reducida y servicios de seguridad y emergencias podían acceder con sus vehículos a la zona. También se preveían una serie de excepciones para otros colectivos. El alcalde de Madrid Martínez Almeida ya aseguró en julio de 2020 que devolvería a todos los conductores el importe de las multas impuestas por acceder a este área sin permiso. Entonces su montante ascendía a 36 millones de euros.
Mientras, en Castelló, a finales del mes pasado, se decidió paralizar el cierre al tránsito del centro de la capital de la Plana tras un aluvión de protestas de los comerciantes y de los vecinos. La medida se puso en marcha de enero a mediados de febrero en una fase informativa. Se activaron las cámaras para controlar las matrículas y a cada vehículo que accedía a la zona restringida sin autorización se le notificaba en su domicilio por carta y se le advertía que sería sancionado a partir del 16 de febrero. Y efectivamente, desde esa fecha, se empezó a multar a los infractores que circulaban por el centro de Castelló sin autorización.
El resultado es que se llegaron a imponer 7.000 multas a razón de 200 euros. Después de las quejas vecinales y de la oposición, el gobierno municipal liderado por la alcaldesa socialista Empar Marco -y con Compromís en el ejecutivo- decidió dar marcha atrás y suspender esta medida hasta el 1 de octubre. Además, se va a devolver el dinero a los sancionados -1,4 millones- y se va a implementar una campaña de información más potente.
Tanto el varapalo judicial a Madrid Central como la renuncia de Castelló siembran diversas dudas acerca del Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella Nord. De hecho, la operativa en la capital castellonense es la misma que se ha anunciado para València, solo que aquí no se están cumpliendo los plazos anunciados por Grezzi para poner en marcha las restricciones al tráfico rodado en el centro histórico y para comenzar a multar, también con 200 euros, a los infractores.
Ayer, la delegación de Movilidad Sostenible, a preguntas de Levante-EMV, no aclaró cuándo se pondrán en marcha las multas y tampoco quiso valorar si la sentencia del Supremo afectará a sus planes. Con todo, el centro histórico de València va a estar en obras durante 1 año y una parte de sus calles son las incluidas en el perímetro de las cámaras. Por ello, no tendría mucho sentido que se empiece a multar ahora, cuando ya están cerradas al tráfico por obras.
