El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha instado al Ayuntamiento de València a adoptar «las medidas que resulten precisas para garantizar el correcto funcionamiento de la empresa municipal Aumsa y a que desde esta se impulse la tramitación de expedientes de formalización de contratos de arrendamiento con opción a compra-venta suscritos en 2010 para que se pueda llevar a cabo la adquisición de los inmuebles por parte de los inquilinos que así lo están pidiendo.

Se trata de viviendas de protección pública de Régimen General de promociones ubicadas en la avenida Maestro Rodrigo y en las calles Arquitecto Segura de Lago, Maldonado y Trafalgar de la capital valenciana.

El defensor del pueblo valenciano ha emitido esta recomendación, fechada este lunes, tras la queja remitida por una residente en nombre de la Plataforma de Inquilinos de Inmuebles con opción a compra de Aumsa (Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València SA), entidad dependiente de la Concejalía de Desarrollo Urbano.

En su escrito, los inquilinos planteaban que la duración de los contratos de arrendamiento era de diez años y señalaban que pueden ejercer el derecho de opción de compra pasado ese periodo «desde la fecha de la calificación definitiva» y «siempre que se hubiera permanecido ininterrumpidamente en la vivienda durante, al menos, cinco años».

Asimismo, en su reclamación los inquilinos pedían también que la administración municipal establezca un precio de venta que no sea «abusivo y especulativo». La plataforma estima que así lo es el precio máximo establecido -se ha hablado de 1.819,2 euros/m2- y reclama un cantidad ajustada a «la función de la vivienda pública» que no suponga «un agravio comparativo» con los vecinos de otras promociones.

Pendientes de informes

Tras tener conocimiento de esta queja y acometer su tramitación, el Síndic de Greuges la trasladó al consistorio y se llevó a cabo el intercambio de la pertinente información entre las dos partes -vecinos y ayuntamiento- para conocer los trámites realizados para atender la reclamación.

En una respuesta de febrero de 2021, el Ayuntamiento indicaba, como ya había hecho anteriormente, que según lo acordado en un consejo de administración de Aumsa de junio de 2020 se solicitó desde el área de Desarrollo y Renovación Urbana y Vivienda un informe al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana sobre el precio de venta que se debe establecer para cumplir la normativa. El consistorio apuntó en dicha fecha que no tenía aún respuesta.

El Síndic de Greuges estima que no garantizar por parte de una administración que una empresa dependiente de ella impulse los expedientes de ejercicio de una opción de compra cuando «ha transcurrido ampliamente» el tiempo establecido para ello y dé respuesta a la petición de los inquilinos «no cumple adecuadamente con los nuevos estándares de calidad que imponen las normas analizadas y, en especial, con el derecho de una buena administración» del que «son titulares los ciudadanos y ciudadanas valencianos».

La Plataforma de Inquilinos de Inmuebles con opción a compra de Aumsa -creada en 2019 y representante de más de 100 familias que viven en inmuebles de esta empresa pública- ha destacado que sus miembros están «desde el último trimestre de 2019 intentando alcanzar un acuerdo con la empresa municipal y con la Concejalía de Urbanismo, de la cual depende, sobre la venta» de los hogares que ocupan para adquirirlos.

El colectivo ha lamentado que no se haya logrado «ningún tipo de acercamiento ni comunicación efectiva» y ha explicado que por ello decidió plantear una queja ante el Síndic de Greuges en junio de 2020. En un comunicado, los vecinos resaltan que el defensor del pueblo valenciano recrimina al consistorio «el silencio administrativo de la empresa municipal y la inseguridad que crea a los inquilinos».

Así, sostienen que Ángel Luna les da «la razón» y resaltan que pide a Aumsa que «cumpla los contratos de compraventa de los pisos construidos hace más de diez años» y les «recrimina» a ella y al consistorio «falta de comunicación» e «inacción». Desde la plataforma han solicitado «nuevamente una reunión con la Concejalía de Urbanismo» para «encontrar una salida justa y accesible».