El Ayuntamiento de València ya tiene el informe jurídico que avala la caducidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Mestalla y rechaza la prórroga solicitada el pasado 16 de abril por el club a la Generalitat. Ante el reiterado incumplimiento de los plazos en la ejecución de los hitos previstos en la ATE, el principal la finalización del nuevo estadio de Corts Valencianas, con las obras paralizadas desde 2009, el Ayuntamiento de València, responsable del control y vigilancia de la ATE, ha recabado informes de los distintos servicios municipales para acreditar la «inactividad» y «pasividad» del club en el cumplimiento de las obligaciones de la ATE. El informe jurídico, que ahora se remitirá a la Generalitat, asegura que no existe causa justificada que permita la concesión de la citada prorroga de cinco años y que tendrá que resolver la Generalitat, en concreto, la Conselleria de Política Territorial y la de Economía.

La solicitud de caducidad o de no prórroga de la ATE por parte del ayuntamiento ha sido consensuada por los dos partidos en el gobierno municipal (Compromís y PSPV) que solicitan además a la Generalitat que en el supuesto de que acepte la prórroga impongan penalizaciones o exija al club garantías económicas millonarias.

«Le recomendamos a la Generalitat que imponga una garantía o una fianza lo suficientemente importante como para que el Valencia CF se comprometa», subrayó Gómez. El ayuntamiento propone que se exija a Meriton un aval económico del cien por cien del importe de las obras pendientes del estadio nuevo y de derribo del actual Mestalla. Una cantidad que podría superar los cien millones de euros si se tiene en cuenta que la última valoración del coste de finalización del nuevo estadio asciende a 90-100 millones de euros, mientras que el derribo del actual campo costaría otros tres millones.

El ayuntamiento pedirá además a la Generalitat que imponga al club otro aval de hasta siete millones de euros por el polideportivo de Benicalap. «Queremos asegurar que en caso de incumplimiento podamos finalizar las obras», destacó ayer Sandra Gómez, que desglosó los detalles del informe jurídico municipal que avala el fin de la ATE de Mestalla, lo que supone un primer paso para dar solución al entuerto urbanístico del nuevo estadio.

El ayuntamiento considera que las causas de demora son «imputables al promotor» y que tampoco se justifica el incumplimiento de los plazos por la pandemia del coronavirus porque tampoco se actuó cuando la situación económica era mejor con anterioridad, ni al pinchazo de la operación de venta de Mestalla con ADU Mediterráneo.

La caducidad de la ATE supondrá para el club perder 68.000 m2 de superficie comercial en la avenida Aragón y la vuelta al planeamiento de 2007. No desaparecen, subrayó Gómez, las obligaciones del Valencia CF adquiridas en el acuerdo de permuta de los terrenos de Corts Valencianes, estos es el polideportivo, el nuevo estadio, el derribo del viejo, la urbanización del entorno y el plan de movilidad del nuevo estadio que tampoco se ha entregado.