La Federació d'Associacions Veïnals de València ha advertido al Valencia CF que tiene que cumplir sus compromisos con la ciudad y le ha recordado que hay una sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal la ampliación del campo de Mestalla y que ellos tienen paralizada porque el club se comprometió a hacer el nuevo estadio y demoler el actual.

Este fue uno de los asuntos abordados ayer por la entidad vecinal en su primer pleno presencial tras la pandemia, en el que también se trataron asuntos como la ampliación del puerto y la gestión de las terrazas. Además, se propuso la entrada en la federación de la nueva Asociación Vecinal de la plaza de Honduras.

Sobre el estadio del club valencianista, la presidenta de la entidad, María José Broseta, explicó que la Federación exigirá al club deportivo el cumplimiento de sus compromisos con la ciudad, en concreto con el polideportivo de Benicalap y con las dotaciones previstas en el ámbito del actual recinto deportivo de la avenida de Aragón. Broseta recuerda que existe una sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegales las gradas del viejo Mestalla y ordena su derribo, sentencia que no se llegó a ejecutar porque los vecinos así lo decidieron «de buena fe» al existir un compromiso del club para trasladar el estadio a la parcela de Corts Valencianes, es decir, hacer el nuevo campo de fútbol y derribar el actual.

Broseta recuerda, por tanto, que esa sentencia está vinculada a la Actuación Territorial Estratégica (ATE), que establece legalmente ese traslado del estadio y que caduca en el mes de agosto. Si finalmente decayera la ATE, «la federación estudiará con sus servicios jurídicos cuál sería la situación legal», dice la dirigente vecinal.

Respecto a la ampliación del puerto, Broseta asegura que la Federación mantiene su rechazo por el impacto ambiental que supondrá para los vecinos de los poblados marítimos y de los pueblos del sur el aumento de tráfico marítimo y terrestre, así como por la amenaza que supone la infraestructura para las playas del sur y la Albufera. «No creemos justificada una inversión pública de entrada de más de 1.000 millones para que una naviera haga negocio», afirma.

Y en cuanto al ocio y su afección al espacio público y a la convivencia, la federación exigirá al Ayuntamiento que, una vez pase la pandemia, las terrazas vuelvan a sus dimensiones anteriores a la covid-19.

Otros acuerdos fueron impedir la venta de inmuebles de uso residencial para usos hoteleros; un plan de acción contra las viviendas de uso turístico ilegales; un cuerdo de ciudad sobre el uso equitativo del espacio publico; dar un impulso al Observatorio del Ocio y del Turismo; y la elaboración del plan de recursos turísticos de la ciudad (PIAT, art. 27 Ley Turismo).