Los socios del Botànic, PSPV y Compromís, han acordado tomar una decisión conjunta, que será la postura global del Consell, sobre la prórroga de la ATE de Mestalla, que ha solicitado el Valencia CF. En una reunión, de carácter informal, celebrada esta mañana entre el president del Consell Ximo Puig y los consellers de Economía Sostenible Rafael Climent (Compromís) y de Política Territorial Arcadi España (PSPV) se han abordado diversas cuestiones que conciernen a ambos departamentos, como el suelo industrial autonómico, y además, se ha tratado la solicitud planteada por el club propiedad de Peter Lim.
De entrada, las posturas están encontradas. El conseller Climent, a falta de los informes definitivos de los técnicos, parece inclinarse por conceder la prórroga aunque imponiendo una serie de sanciones a la propiedad. Mientras, el conseller España no es partidario de esta opción porque la sociedad anónima deportiva no ha presentado suficientes garantías de que efectivamente vaya a cumplir con sus obligaciones: vender las parcelas del viejo Mestalla, acabar el nuevo estadio y construir el polideportivo de Benicalap.
Fuentes de Política Territorial confirmaron que su postura sobre la ATE de Mestalla "no ha cambiado". El escrito del Valencia CF presentado ante la Generalitat consideran que es "insuficiente" y una mera declaración de intenciones. Además, estas fuentes señalaron que el departamento de Arcadi España aún está en proceso de elaborar los informes que tocan sobre esta cuestión. Por tanto, antes de que Economía Sostenible decida sobre la caducidad de la operación urbanística, Política Territorial tiene que informar sobre la misma. Y aún se está valorando la Fase I, y falta la Fase II, de la referida ATE, subrayaron las mismas fuentes.
Fuentes de Economía Sostenible subrayaron que tras el encuentro tratarán de avanzar en "una solución más política" para resolver en un sentido u otro la caducidad de la operación urbanística, una vez se tengan los informes de ambas Conselleries. En todo caso, el Govern del Botànic tomará "una decisión conjunta y compartida por todos sus miembros", una vez se oiga a los técnicos, y siempre "con el estricto cumplimiento de la ley y poniendo la defensa del interés general por delante de todo", señalaron las fuentes consultadas.
