El concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València, el socialista Aarón Cano, y el comisario de la Policía Local Fernando de las Heras han sido citados a declarar “en calidad de investigados, con instrucción de sus derechos y asistidos de letrado” por el juzgado de instrucción número 19 de la capital en el marco de unas diligencias previas por un presunto delito de coacciones por el cierre, en agosto de 2020, de un local con la calificación de café-cantante ubicado en la Marina de València.

El propietario de la empresa que gestiona el local, Recaba Inversiones Turísticas, presentó una querella contra tres policías, un inspector y un intendente señalando como indebido el cierre, ya que a su juicio, y con el respaldo del Consorcio Valencia 2007 que gestiona el espacio urbano y de ocio, dicho local estaba fuera de los afectados por determinadas restricciones a consecuencia de la pandemia. A pesar de ello, mandos y agentes obligaron a cerrar el local, desencadenando un litigio que ha provocado ya numerosas declaraciones en instancia judicial y abundantes escritos de prueba.

El juez Alberto Jarabo ha accedido a tomar declaración al concejal Cano y al comisario De las Heras, a petición del querellante, como investigados “apareciendo del planteamiento de la denunciante que la actuación administrativa cuestionada obedece a una lógica en cascada, esto es, supuestamente de transmisión de instrucciones de acuerdo con su esquema jerárquico, resulta congruente con tal planteamiento esas dos diligencias”. Así pues, la declaración se producirá a finales de julio si no se ve alterada por un recurso de reforma que los investigados pueden presentar.

En el mismo auto que aprueba la toma de declaración de los dos responsables de la Policía Local de València el juez rechaza otras diligencias pedidas por el querellante, como una nueva declaración del denunciante, Antonio Calero, o la de otros dos agentes del cuerpo, ya que el magistrado entiende que en el primer caso la nueva comparecencia puede hacerse por escrito al estar personado en el procedimiento, y en el segundo caso no cabe abundar más cuando ya han sido numerosos los intervinientes en los hechos que han pasado por el juzgado y nada podrían añadir los dos agentes propuestos en la última petición.