La Junta Central Fallera (JCF) y la Interagrupación de Fallas de València criticaron ayer a la Conselleria de Sanidad por la falta de avances en la normativa para abrir los casales en el proceso de desescalada. De hecho, el organismo rector de las Fallas ha decidido abandonar la Mesa de Seguimiento con la administración sanitaria y no descarta medidas de protesta porque, según afirma, «ha llegado el momento de decir basta». Su propuesta es simplemente equipararse con la hostelería, es decir, con horario de cierre a la 1 de la madrugada, aforo del 75% para reuniones y 50% en cenas y comidas, mesas para un máximo de 10 personas y distancia entre mesas de 1,5 metros, y barras cerradas.
La JCF, de forma consensuada con el mundo fallero, ha denunciado los «incumplimientos» de los compromisos que se adquirieron por parte de Sanidad. «De hecho, a día de hoy, prácticamente no se ha avanzado en la desescalada de los casales falleros -compromiso que adquirió la Conselleria-, que continúan con limitación horaria de apertura y con la prohibición de, incluso, beber agua en su interior».
En esta línea, han lamentado que «no se les ha equiparado a entidades culturales ni se rigen por normativa hostelera ni están dentro de las reuniones familiares», sin que se haya dado «ninguna explicación razonable» por parte de Sanidad, a su juicio.
La JCF asegura que desde la Mesa de Seguimiento se trabajó en la importancia de las comisiones falleras de la Comunitat Valenciana «como eje vertebrador de la cultura en todos los ámbitos y aspectos, así como también de su papel económico y social», y se pidió que los casales «se contemplaran y rigieran dentro de la normativa de entidades culturales».
«La propia Conselleria de Sanidad aseguró que se tendría en cuenta las peticiones, con una desescalada progresiva en los casales que permitiría la actividad, dentro de unas normativas establecidas. Pero, a día de hoy, no se ha producido ningún avance», reprocha el organismo.
La JCF recuerda que la Conselleria de Sanidad se comprometió el lunes 14 de junio a levantar el veto a los casales el 1 de julio y se insistió en la reunión y en conversaciones posteriores «en la necesidad de no esperar tanto tiempo, máxime teniendo en cuenta que hay que preparar unas Fallas en septiembre», una petición que no se ha atendido.
Por su parte, la Interagrupación de Fallas ha manifestado en otro comunicado su «más profundo malestar» por la situación y lamentan que «muchas frases de nuestros gobernantes poniendo en valor el trabajo que realizan las fallas como parte integradora, red asociativa, elemento cultural, motor económico, transmisor intergeneracional de un patrimonio festivo que nació a mediados de 1800 se diluyan en una realidad arrolladora».
El colectivo asegura que «tristemente» ha constatado cómo los dirigentes políticos «nos consideran más un problema que un beneficio, aún siendo uno de los principales motores económicos de nuestra autonomía, con un volumen de negocio de más de 900 millones de euros». «Es triste, pero al final el tiempo ha dictado la realidad», critican, porque «son muchas las horas y el trabajo que los falleros hemos dedicado a colaborar con nuestras autoridades de manera altruista para poder salvar la actividad social más importante de nuestra Comunidad y a día de hoy continuamos sin poder abrir totalmente nuestros casales», lamentan.
