La anunciada disolución del Consorcio Valencia 2007, el ente creado por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de València para construir y gestionar las infraestructuras deportivas de la Copa del América, no llega tres meses después de la aprobación, vía Presupuestos Generales del Estado, de la condonación de la deuda. La disolución del actual Consorcio, donde el Gobierno tiene mayoría de consejeros, se debe abordar en un consejo rector del ente, máximo órgano de decisión, algo que no ha ocurrido ni hay fecha para ello a la vista. Una situación que, a tenor de las declaraciones de ayer del alcalde, Joan Ribó, tras la reunión el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, han llevado a la Marina de València a una especie de limbo administrativo con varios contratos pendientes de despejar.

Una vez pagada la mayor parte de la deuda millonaria que arrastraba el Consorcio (más de 400 millones de euros) «la función del consorcio desaparece automáticamente, por ley», explicó ayer el alcalde. Por eso, añadió, «hay que «buscar mecanismos para que la Marina de València pueda seguir funcionando». En esta línea, el alcalde apunto que «estamos trabajando en crear un nuevo consorcio con el ayuntamiento, la Generalitat y el Puerto de València», un nuevo consorcio o ente gestor donde ya no estaría el Gobierno.

Mientras se crea el nuevo ente gestor de la Marina de València, el alcalde apuntó ayer que se negociará con el Gobierno «una autorización administrativa para resolver problemas de los nuevos contratos», entre ellos, añadió, los relacionados con la capitalidad del diseño de 2022. Una nueva fórmula de gestión con la que se espera poder «relanzar definitivamente» este enclave de la fachada marítima.