El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana «ha dado la razón al PP de València, advirtiendo al gobierno del Rialto de que no es legal ni constitucional limitar a cinco las preguntas al pleno de la oposición en aplicación de un acuerdo aprobado en julio de 2019 por la junta de portavoces. En particular, el Síndic concluye que «ni la legislación, estatal o autonómica, ni el Reglamento Orgánico del Pleno, contienen ninguna limitación al derecho de los concejales a formular preguntas», como «tampoco un número máximo de cuestiones que puede contener cada pregunta». Añade que el acuerdo de la Junta de Portavoces que restringe las de la oposición «no tiene naturaleza reglamentaria».
Por ello termina instando al gobierno municipal a que, «teniendo en cuenta los principios recogidos en el Reglamento de Gobierno Abierto que resultan de aplicación a todo el ámbito municipal, se aplique la regulación de las preguntas prevista en el Reglamento Orgánico del Pleno de la forma más favorable al ejercicio del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos de la Constitución Española». Recuerda, así mismo, al Gobierno de Ribó y PSOE que las respuestas a las preguntas «deben ser claras, completas y congruentes».
El Sindic explica explícitamente que el acceso a la información y participación de los representantes públicos «es un derecho fundamental protegido por la Constitución». La portavoz adjunta del PP Mª José Ferrer Sansegundo valoró la resolución y destacó que «si el gobierno de Ribó lo que quiere es restringir todavía más los derechos constitucionales de la oposición, al menos lo tiene que hacer legalmente, es decir, modificando el Reglamento Orgánico para incluirlo», al tiempo que recordó que «en los 24 años de gobierno de Rita Barberá nunca se modificó para limitar el número de preguntas de los concejales de la oposición».
El Síndic destaca que la limitación de las preguntas no puede tener un carácter general porque no es un reglamento. La resolución del Síndic llega tras la denuncia presentada por negarse el equipo en el pleno de abril a contestar preguntas de la oposición.
El síndic rechaza los argumentos del Gobierno de Ribó cuando alega que las preguntas entorpecen la gestión, manifestando que «es necesario demostrar dicho entorpecimiento con informes detallados y concluyentes».
