«Requerir a la propiedad que en el plazo de tres días proceda a la demolición controlada de la edificación por el peligro real que representa su permanencia en pie». Esta es la notificación que han recibido 50 vecinos del barrio de la Creu Coberta de València por parte del ayuntamiento, en la que se les notifica el desalojo de dos fincas en menos de tres días por amenaza de ruina inminente.
En el escrito se pone de manifiesto que se dan «las condiciones objetivas suficientes para estimar que su estado ha rebasado el umbral de seguridad representando un peligro real». Este edificio, de planta baja, dos alturas y una nave en el patio trasero, presenta, según la notificación, «una absoluta falta de mantenimiento y deterioro». Entre los desperfectos señalados por los técnicos, se encuentra la falta de mantenimiento generalizado en la fachada principal, carencia de canalón de recogida de agua, entrada de agua en el hueco de la escalera y en el interior de las viviendas o vigas partidas en la nave del patio.
Ante este desalojo inminente, el sindicato de barrio «Construyendo Malilla» realizó una protesta ayer ante las puertas de esta vivienda, que contó también con el apoyo de algunos vecinos de la zona. «No han abierto un procedimiento de derrumbe, no se les han asignado abogados de oficio, ni hay un contacto directo con el juez, por lo que estas personas se encuentran desamparadas legalmente y sin ningún tipo de información», explica la representante del sindicato, Mónica Chirivella, a Levante-EMV.
Además, Chirivella denuncia que desde el consistorio «no se les ha planteado a las familias ninguna alternativa habitacional». Reconoce que «estas casas no son habitables, pero algunas personas han estado pagando alquileres durante muchos años y ahora no se les da otra opción donde vivir».
«La única alternativa que me han dado es pagarme la entrada de un alquiler, pero no tengo ninguna nómina ni contrato y solo percibimos la renta mínima de 560 euros, por lo que no nos lo podemos permitir», explica una de las afectadas. Ella lleva cuatro meses viviendo en el edificio junto a seis familiares más, entre los que se encuentran un bebé y un niño menor con minusvalía. Accedieron a la vivienda gracias a una amiga y «fue mi marido quien la reformó para que cumpliera unas mínimas condiciones para vivir». Señala que es una situación «muy dura», sobre todo si hay niños a los que les afecta, por lo que reconoce que «intentamos mantenerlos al margen».
Otro de los afectados ha vivido como alquilado once años en el edificio. «Mis hijos se han criado aquí y solo le pedimos al ayuntamiento que nos dé más tiempo para encontrar una solución o nos planteen una alternativa», afirma.
Ante esta situación, algunos residentes y miembros de la asociación creen que detrás de este derrumbe «existe un interés económico». Una de las afectadas recalca que «en todos estos años, no hemos sufrido ningún peligro y ahora creen que en tres días se va a derrumbar el edificio».
«¿Dónde vamos con un plazo de 72 horas?» fue la pregunta más repetida ayer entre los vecinos.
El plazo para encontrar una alternativa termina hoy, día en que, probablemente, se impida el acceso a las viviendas.
