Vanessa Peña, vecina de València, lleva tres días viviendo en la calle. Desde el pasado 26 de julio y hasta el 8 de septiembre, estuvo hospedada en el centro de acogida Casa Caridad València. Sin embargo, según explica esta vecina a Levante-EMV, «desde Asuntos Sociales no quisieron renovar mi estancia allí porque me dijeron que estaba ocupando una plaza municipal que alguien necesitaba más que yo y me recalcaban que con los 200 euros que cobraba podía encontrar una habitación en alquiler».
«La situación me supera porque estoy separada de mi hija y mi marido», reconoce la afectada. Vanessa expone que su marido cobra unos 400 euros y su hija, de 19 años, está buscando trabajo «desesperadamente, pero no encuentra nada». «Además, a mi hija no la quieren empadronar porque no tiene una vivienda estable y lleva varias semanas durmiendo en casa de sus amigas, por lo que es la pescadilla que se muerde la cola», añade. Su marido ha conseguido encontrar una habitación en la que hospedarse, pero ella no tiene dónde dormir desde que salió de Casa Caridad.
«Yo estaba muy bien en el albergue y agradezco toda la ayuda que me han dado, pero ¿qué les costaba que estuviese un tiempo más hasta que encontrase una alternativa», pregunta enfadada.
«La primera noche estuve durmiendo en un albergue porque un amigo de mi hija me pagó la habitación y la segunda estuve en un centro para mujeres sin techo, pero no sé qué pasará a partir de ahora y la situación es insostenible», señala Vanessa, quien añade que como las administraciones no actúan, «es la gente quien me tiene que ayudar, cuando ellos también tienen problemas económicos». Los escasos ingresos de esta vecina comportan que tampoco pueda hacerse cargo de la alimentación. «Se me ha quitado el hambre, paso el día con un par de vasos de leche», explica.
Esta mujer recalca que la situación «me ha superado, solo tengo ganas de llorar porque los tres estamos separados y nos vemos cuando podemos». «Mi hija ha estado mala y yo no he podido estar a su lado cuidándola como hace cualquier madre», afirma con los ojos vidriosos. «Parece una tontería, pero para mí no lo es porque son mi familia y en estos momentos no nos podemos ayudar», lamenta.
Además, Vanessa ha solicitado una pensión por minusvalía, ya que no puede trabajar «porque sufro ansiedad, depresión, tengo la ciática y soy asmática, por lo que mi estado de salud no es el más adecuado». Pero, según sus palabras, «me han dicho que la resolución suele tardar unos tres años».
Ante esta situación, esta vecina reclamó un alquiler social. «No me han dado ninguna respuesta pero no me importaría irme a otro lugar fuera de València y pagar unos 200 euros, ya que solo pido un techo bajo el que dormir y poder estar con mi familia», indica.
Vanessa afirma que solo quiere que la ayuden «porque no es justo que esté en la calle y parece que ellos no lo comprenden».
Su día a día se ha convertido en una odisea. «Ayer cobré los 200 euros de mi pensión y tengo que administrarme el dinero», explica. «Ahora mismo (refiriéndose a ayer) me voy a lavar la ropa en una lavandería porque no tengo ningún sitio al que ir». Vanessa lleva una mochila con otro conjunto de ropa y una botella de agua. «Mis cosas personales están en casa de una amiga, quien me ofreció guardarlas hasta que encuentre una alternativa», destaca.
Okupar una vivienda
«¿Qué haré si no me ofrecen una alternativa y me veo en la calle? No tendré otra solución que okupar una vivienda», reconoce. Añade que nunca okuparía una vivienda de un propietario «porque no me gustaría que nadie se viera en la calle, como me ha ocurrido a mí, pero buscaría algún piso vacío de una empresa o de un banco porque no puedo estar así».
En este sentido, Vanessa destaca: «me gustaría que quedara claro que okupamos por necesidad, no todos somos iguales, ya que somos personas responsables, tranquilas y necesitadas».
Esta mujer recalca que ha intentado reunirse con el alcalde de València, Joan Ribó, «pero siempre me dicen que tiene la agenda ocupada». «La única alternativa que me queda es que el subdirector de Servicios Sociales o la Conselleria de Vivienda quieran escuchar mi caso», concluye.
