La salida del Gobierno del Consorcio València 2007, el órgano creado en 2003 para construir y gestionar las infraestructuras deportivas de la 32 Copa del América, celebrada en 2007, ya tiene fecha. El Ministerio de Hacienda anunció ayer que se hará efectiva el 1 de noviembre, una vez liquidada la deuda de más de 400 millones de euros con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que dejó la competición de vela en la ciudad.
La secretaria de Estado de Hacienda y vicepresidenta primera del Consorcio, Inés Bardón, dió cuenta ayer por videoconferencia al consejo rector del citado organismo, presidido por Joan Ribó, del informe sobre la condonación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de la deuda de 400 millones del ICO, tal como venían reclamando desde hace años las administraciones local y autonómica.
El Estado asume 14 años después el coste de los trabajos para la transformación de la antigua dársena
Bardón informó igualmente de la decisión del Estado de ejercer el derecho de «separación» o salida del citado órgano, tal como prevén los propios estatutos del Consorcio, una vez liquidado el grueso de la deuda generada por la competición de vela. Una decisión esperada que llega con la polémica de fondo de la candidatura de València a una nueva edición de las regatas en la edición de 2024.
Tanto la condonación de la deuda como la salida de la Administración del Estado del Consorcio estaban previsto en la la disposición 117 de la ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 por la cual el Gobierno asume 14 años después de la celebración de la Copa del América el pago de las obras de transformación de la antigua dársena portuaria y actual Marina.
Fórmulas de gestión compartida
Tras la salida del Ministerio de Hacienda, Generalitat y ayuntamiento estudian fórmulas para gestionar la Marina de València de manera compartida pero más ágil de lo que ha sido hasta ahora. Será un nuevo órgano de gestión donde el Estado seguirá presente a través de la Autoridad Portuaria de València porque gran parte de los terrenos de la Marina siguen siendo de titularidad estatal, aunque están cedidos a la ciudad.
En la reunión del consejo, se aprobó la propuesta de pago del crédito de 60 millones de euros contraído por el Consorcio para hacer frente a posibles variaciones de interés del crédito del ICO y que actualmente está en manos del fondo TCA Investment. Este crédito derivado será finalmente asumido por las tres administraciones, pese a los reparos que han puesto la Generalitat y el ayuntamiento de València.
El Gobierno pagará el 40 % del crédito (24 millones, de los que ya ha abonado la anualidad de 2021); la Generalitat se hará cargo de 24 millones y el ayuntamiento otros 12, repartidos en dos anualidades de seis, la primera de las cuales se abonará este año. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, lamentó ayer que el Gobierno no asuma la totalidad de la deuda del crédito derivado. «Pagamos muy a disgusto, pero lo hacemos porque la Abogacía del Estado así lo dice», afirmó Soler al término del consejo.
«Hemos intentado negociar a la baja pero no ha sido posible», apuntó Vicent Soler, quien apostilló, que «pagar es cerrar un ciclo de la marina que quedará como un espacio singular que hay que cuidar y que requiere un gestor adecuado». También se aprobó ayer una aportación patrimonial de 1,5 millones de euros de las tres administraciones para afrontar los gastos del Consorcio por la Covid-19.
