El borrador de la nueva Ordenanza de Convivencia para la ciudad de València va a permitir a la Policía Local y a las Fuerzas del Orden denunciar a las personas que participen en los botellones por las molestias que generen a terceros. No será preciso que estén consumiento alcohol ni hacerles un análisis de sangre. Podrán ser sancionados por escándalo, ruidos, gritos o discusiones. El concejal de Protección Ciudadana Aarón Cano destacó que la referida Ordenanza «se va a convertir en una herramienta muy útil para acabar con los problemas de convivencia que genera el botellón».
El nuevo texto legal, que ha sido remitido a la oposición y que estará abierto a posibles alegaciones por parte de colectivos cívicos y sociales antes de su aprobación definitiva en el pleno, prevé sancionar con hasta 3.000 euros a quienes convoquen los botellones a través de redes sociales, y a quienes interrumpan el descanso de los vecinos, con 750 euros. Tal como explicó Cano, se busca prevenir y atajar este problema social por la vía de las molestias que causa al resto de ciudadanos. La sanción por consumir alcohol en la calle ya está prevista en la Ley Autonómica pero ahora esta ordenanza va contra el ruido y el escándalo que puedan generarse en reuniones ilegales en parques y espacios públicos. De hecho, se puede sancionar con 750 euros, con una infracción leve, a personas que estén bebiendo refrescos a la 1 de la madrugada. Porque interrumpan el descanso del vecindario. El texto establece, de hecho, que los comportamientos serán más punibles «cuando la perturbación lesiva de la convivencia se derive de la concentración de personas en la vía pública y se realice entre las 22 y las 08 horas».
La nueva ordenanza de convivencia presenta otros aspectos novedosos. Como la apuesta por la mediación como vía de solución de conflictos entre vecinos; la creación de una Comisión Municipal para la Convivencia Ciudadana (Taula de Convivència i civisme) en la que estarán representados los colectivos sociales y vecinales; y que la nueva norma actuará en aquellas situaciones punibles que se escapan al ámbito judicial. El nuevo texto legal surge como primer objetivo para dar respuesta a «hechos predelictivos», prevenir pero también sancionar «la antesala del delito», especificó Cano.
Tiene un marcado carácter preventivo, incluso educativo, y pretende ser útil en temas como el racismo, la xenofobia y la diversidad. De hecho, fija una gran cantidad de actuaciones dirigidas a escolares y estudiantes de enseñanzas medias con charlas y talleres de formación para prevenir vejaciones y ataques a los más vulnerables: personas mayores, menores, mujeres o discapacitados. En este tipo de acciones, insultos o vejaciones contra las personas más vulnerables, la ordenanza recoge sanciones que pueden llegar hasta los 3.000 euros.
En el Capítulo V prevé multas de hasta 3.000 euros por el acoso callejero a las mujeres, acoso de tipo sexual. Otra conducta incívica como por ejemplo defecar, orinar, escupir, en la vía pública, también puede ser multada con 750 eurosy tendrá consideración de mayor gravedad en espacios de concurrida afluencia de personas o frecuentados por menores; en las inmediaciones de monumentos o edificios de catalogación especial; o edificios institucionales o administrativos.
También se penalizarán, en principio como infracciones leves, pero sancionables con hasta 750 euros, los actos vandálicos contra el mobiliario urbano; hacer grafitos en señales, edificios o monumentos; jugar con balones u otros instrumentos en los espacios públicos, siempre que exista perjuicio a terceras personas o daños en los bienes de uso público; o consumir chicles, pipas y otros aperitivos y ensuciar instalaciones deportivas. Por último, también se podrá multar a los dueños de los perros que no recojan los excrementos mediante bolsas y que no los limpien con agua después de las micciones.
